Aforamientos Tarifa Plana

Con la llegada del nuevo curso político, desayunamos un discurso de distracción habitual que poco tiene que ver con las cuestiones estructurales que deberían ocuparnos. Suena ya casi a ironía, sino a tomadura de pelo stricto sensu, la propuesta de reducción del número de aforados en España, que ahora parece habérsele ocurrido al Gobierno cuando hace ya algunos años que desde diferentes y nada desdeñables foros de la sociedad civil, venimos reclamando a voz en grito.

Me anticipé en su momento en redes sociales acerca de lo que estaba segura sucedería a este respecto con la "jubilación" del Rey. Advertí que casi con total seguridad, el asunto del status del monarca saliente y la cuestión sucesoria (inexplicablemente postpuesta durante 36 años) se resolverían de una forma precipitada y a través de alguna Ley ad hoc, con aforamiento por vía de urgencia, como poco después ha resultado confirmarse.

Pero es que, el aforamiento del Jefe del Estado, no es posible analizarlo de forma aislada frente a otros conceptos que discurren en paralelo y sobre los que también deberíamos opinar, al hilo de la cuestión.

En España hemos definido aforamientos tarifa plana, del todo innecesarios e insostenibles. Desde luego, la "inmunidad" de Diputados y Senadores puede entenderse exclusivamente ceñida a su actuación en el ámbito de las manifestaciones vertidas en ambas cámaras, como garantía de su libertad de expresión en sentido amplio. Tiene su sentido que nadie pueda ser procesado por sus opiniones o por el contenido de sus discursos en el transcurso de sus intervenciones. La justicia poco debe intervenir en ese ámbito. La limitación aplicable, concierne al propio reglamento de Congreso y Senado para salvaguardar en todo caso aspectos formales, que no de fondo, en aras a evitar que la sede de la soberanía popular termine por convertirse en un foro tabernario.

Fuera de este ámbito cada diputado o senador debe responder como cualquier otro ciudadano. El ser cargo electo no confiere derecho alguno a vulnerar la Constitución ni las demás leyes vigentes que, como representante de los ciudadanos, tiene el deber de acatar y cumplir sin excepciones. Lo demás, sería entrar en la impunidad, que es con lo que en realidad nos estamos encontrando bajo el paraguas del aforamiento. Entre la tramitación del suplicatorio, su concesión y la llegada de éste al Supremo..., pueden suceder muchas cosas y la mayoría de ellas, por no decir todas, además de cuestionables, muy poco serias.

Si aspiramos a ser un país verdaderamente democrático, que trabaje al nivel de otros países verdaderamente democráticos de nuestro entorno y del mundo, tenemos que ser muy rigurosos con estos temas y aprender de ellos.

Adolecemos de lo que debiera ser una reflexión seria y profunda, alejada del oportunismo electoral y la propaganda partidista. Me pregunto si nos gustaría a los ciudadanos que se ofreciera en televisión algún formato de debate serio, riguroso y objetivo, sobre el tema (y si habría canal que lo soportase).
Propondría que sobre ello opinasen juristas, catedráticos y expertos en la materia, que aportasen argumentos de peso y que nos evitasen las muletillas trilladas de los políticos que nos aburren con su habitual demagogia y la visceralidad recurrente de ciertas cuestiones.

Y en esto, y extraídas conclusiones, como en otras materias de importancia... ¡consulta a la ciudadanía en Referéndum!.

María Jamardo, Presidenta y Portavoz Nacional de Sociedad Civil y Democracia | http://www.scd.es/