Deberían arder las calles

Este verano de 2026 España ha batido un récord: más de 150.000 hectáreas calcinadas desde enero, con los incendios de Ávila, Madrid y Toledo devorando 77.000 hectáreas en un solo fin de semana de julio, y otro foco en Almería que se cobró 13 vidas. 70.000 personas evacuadas por un lado, más de 100.000 por otro, según el día en que se consulte la cifra.

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España está en llamas, en la peor de las guerras civiles posible: La gran oleada de incendios que asola a toda España, la cual, muy oportunamente solo tuvo inicio tras finalizar el Mundial de fútbol, solamente tiene un culpable: el Régimen del actual Estado español. Ni cambio climático ni nada. Si los bosques están cubiertos de maleza no es por el cambio climático; si casi todos los incendios son provocados, no es por el cambio climático; si muchos terrenos en llamas están dentro de futuros proyectos de energías renovables, no es por el cambio climático… Y así todo. En esta situación hay una clase globalista que vive lejos de los problemas reales del pueblo, y una masa de población que vive los problemas reales sin llegar a ser un pueblo.

El Gobierno ha respondido con el repertorio habitual: emergencia de interés nacional, despliegue de la UME, petición de ayuda a la Unión Europea, y la previsible declaración solemne del presidente Sánchez llamando a “una transformación profunda” frente al cambio climático. Es la retórica típica del Régimen para hacer correr a la gente hacia ninguna parte. Mientras los aviones de seis países sobrevuelan Castilla, la respuesta política para combatir el fuego se basa en palabras vacías, sermones de la nueva religión global llamada “hay que salvar el planeta”.

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La ideología del Régimen consiste en la subordinación a esa religión oficial: efectivamente, “hay que salvar el planeta”, y nos tenemos que sacrificar por esa idea. Del mismo modo que los sacrificios humanos de las sociedades americanas precolombinas, donde las víctimas morían para que el sol no muriera, estaban justificados para salvar al planeta. Como resulta desagradable ver cómo les arrancan el corazón a los ciudadanos, han inventado el sacrificio a plazos: se nos exige moderar, o directamente apagar, el aire acondicionado, se criminaliza comer carne, se culpabiliza usar el coche, se exige silencio si alguien se atreve a quejarse ante las avalanchas de migrantes que colapsan los servicios públicos… Porque nuestro deber es ser solidarios y ser sufridos, para que el planeta se salve. Hay que aceptar con estoicismo cada nueva incomodidad para ser sacrificados en el altar de esta religión, reducir nuestra vida hasta convertirnos en gusanos. Mientras la clase dirigente, y da igual el color del gobierno de turno porque el problema es el Régimen, sigue disfrutando de sus propios climatizadores, sus propios coches oficiales y sus negocios con la trata de esclavos. Es un reparto de sacrificios perfectamente asimétrico: mientras unos hacen abstinencia, otros reparten las bulas.

No hace falta inventar una conspiración para señalar algo que está bien documentado: el 60% de los españoles desaprueba la gestión gubernamental de la prevención de incendios, según encuestas recientes, y expertos en gestión forestal llevan años advirtiendo (dato mata relato) que España necesita gestionar activamente al menos un millón de hectáreas de monte para reducir el riesgo, algo que sistemáticamente no se ha hecho. La despoblación rural, el abandono de la limpieza de bosques y unas olas de calor intensas este año, han formado una combinación donde no hay que buscar culpables imaginarios: la negligencia acumulada durante décadas ya es suficientemente elocuente por sí sola. Ojalá le cambiasen el nombre a la España vaciada y la llamasen Ucrania, Mozambique o Bolivia. Al menos le caería alguna ayuda de verdad.

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Cada hectárea quemada por negligencia acumulada, cada población evacuada, y devastada, por falta de gestión forestal, es motivo suficiente para exigir explicaciones concretas a quienes tenían la responsabilidad de prevenir el desastre.

Antaño, la gente se habría organizado en contra de esta situación, pero actualmente no hay pueblos, sino masas de personas desconocidas entre sí, de diferentes idiomas, costumbres, religiones y razas obligados por la economía a compartir el mismo espacio, no por gusto. La sociedad multicultural es una sociedad fragmentada y desintegrada, manipulada por un poder que no teme ningún levantamiento popular porque el pueblo no existe simplemente.

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Para que no ardan las tierras de España, deberían arder las calles, y más de una mansión.