Felipe VI: juzgar lejos, olvidar cerca

La memoria histórica, cuando se administra desde la comodidad del presente, tiene algo de ejercicio gimnástico: se estira, se encoge y, si conviene, se retuerce hasta hacer decir al pasado lo que el presente desea escuchar. No es un fenómeno nuevo, pero sí especialmente visible cuando se proyectan los valores del siglo XXI sobre realidades políticas, jurídicas y culturales de hace quinientos años. Así ocurre con frecuencia al abordar la presencia española en América, un proceso complejo, contradictorio y, desde luego, no exento de abusos —como tampoco lo estuvo ninguna empresa imperial de su tiempo—, pero que difícilmente puede reducirse a una caricatura moral simplificada.

Resulta particularmente llamativo que desde instancias institucionales actuales se insista en juzgar aquel proceso como si se tratara de una actuación contemporánea sometida a los estándares jurídicos y éticos actuales, ignorando deliberadamente que, en su contexto histórico, la Monarquía Hispánica fue una de las pocas potencias que intentó dotarse de un marco normativo para regular el trato a los pueblos originarios. No se trató de una perfección moral —que nadie sensato sostendría—, sino de una anomalía histórica: la existencia de un debate jurídico y teológico sobre la dignidad del indígena, su condición de sujeto de derechos y su integración en la comunidad política.

Desde los Reyes Católicos se articula una concepción que, con todas sus tensiones y contradicciones, reconoce a los naturales de las Indias como súbditos de la Corona. Y, en ese supuesto “régimen tiránico” —según ciertas lecturas contemporáneas—, se produce un fenómeno difícil de encajar en los esquemas simplistas: el florecimiento de personalidades indígenas y criollas que no solo participan en ese sistema, sino que lo moldean, lo enriquecen y, en muchos casos, lo cuestionan desde dentro.

Ahí está, por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista indígena que dirigió su célebre Nueva corónica y buen gobierno al propio monarca, denunciando abusos y proponiendo reformas. Resulta curioso: incluso dentro de un supuesto sistema opresivo, existía la expectativa —y la vía— de interpelar directamente al rey.

O Garcilaso de la Vega, el Inca, mestizo ilustre, cuya obra no solo preserva la memoria del mundo andino, sino que la integra en la tradición intelectual hispánica con una naturalidad que hoy algunos discursos parecen incapaces de asumir. No pidió perdón; escribió, pensó y dejó legado.

Podríamos mencionar también a Juan de Espinosa Medrano, el “Apóstol de los Andes”, brillante intelectual criollo; a Sor Juana Inés de la Cruz, figura deslumbrante de la cultura novohispana, cuya obra sigue siendo universal; o a líderes indígenas integrados en estructuras políticas locales que ejercieron autoridad reconocida dentro del marco imperial.

Y si ampliamos la mirada, encontramos a miles de actores anónimos —caciques, juristas, comerciantes, militares— que no encajan en la imagen de una masa pasiva sometida sin más, sino en una sociedad compleja, jerarquizada y, sí, también participativa en distintos niveles.

Lo verdaderamente incómodo para ciertos relatos actuales es que estas figuras no encajan en la narrativa de víctima absoluta. Y, más irónicamente aún, ninguno de ellos —ni Guamán Poma, ni el Inca Garcilaso, ni Sor Juana— sintió la necesidad de pedir perdón a los españoles peninsulares por haber formado parte de aquel entramado histórico. No consta que consideraran su existencia dentro de la Monarquía Hispánica como una culpa que debiera ser expiada siglos después.

Quizá porque comprendían algo que hoy parece olvidarse con facilidad: que la historia no es un juicio moral permanente, sino un proceso humano, complejo y contradictorio.

Y es precisamente aquí donde el contraste con la evolución posterior de la Corona española adquiere un tono casi irónico. Porque si se insiste en someter a juicio moral la actuación de la Monarquía de los Austrias, cabría preguntarse qué ocurre con la etapa borbónica, marcada por un absolutismo más definido, una centralización más agresiva y episodios difícilmente justificables incluso con criterios menos exigentes que los actuales.

La figura de Fernando VII emerge como símbolo de esa contradicción. En el contexto de las abdicaciones de Bayona, la cesión del poder a Napoleón —acompañada de beneficios personales— plantea una cuestión incómoda: ¿qué juicio merecería hoy una actuación semejante si se aplicara el mismo rigor moral que se proyecta sobre la conquista de América? La paradoja es evidente: mientras se revisa con severidad el siglo XVI, se suaviza —o se olvida— lo ocurrido en el XIX.

De este modo, el contraste se vuelve inevitable. Por un lado, una Monarquía —la de los Austrias— que, con todos sus claroscuros, generó un marco jurídico y político en el que incluso los pueblos originarios encontraron vías de participación, expresión y, en algunos casos, ascenso social y cultural. Por otro, una dinastía —la borbónica— que consolidó un modelo de poder más concentrado, más personalista y, en momentos críticos, dispuesto a comprometer la propia soberanía.

Y llegados a este punto, la conclusión se impone con cierta claridad, incluso desde una perspectiva irónica: pretender que un Estado contemporáneo pida perdón por la actuación de individuos concretos del pasado —aunque estos ocuparan posiciones relevantes— es confundir planos que no son equivalentes.

Un Estado no es la suma moral de todos los actos individuales de su historia, ni puede convertirse en heredero automático de culpas retrospectivas reinterpretadas siglos después. Lo que sí define a un Estado —y lo legitima o lo deslegitima— es la posición institucional que adopta en cada momento histórico, la orientación de sus normas, y las decisiones de sus órganos de poder en cuanto tales.

Si la Monarquía Hispánica, bajo los Austrias, estableció un marco jurídico que reconocía —al menos en principio— la dignidad de los naturales de América, ese es el plano en el que debe ser analizada. Y si la Monarquía borbónica adoptó decisiones que comprometieron la soberanía o consolidaron formas de poder hoy consideradas inaceptables, ese es el ámbito en el que debe situarse el juicio.

Porque, en última instancia, no son los individuos aislados los que hablan en nombre del Estado, sino el propio Estado a través de su estructura institucional y su cabeza visible: la Corona.

Y por eso, quizá la cuestión no sea tanto quién debe pedir perdón por el pasado, sino quién asume —en el presente— la responsabilidad de interpretar ese pasado con coherencia, rigor y, sobre todo, sin caer en la tentación de juzgar selectivamente aquello que conviene olvidar.

Enrique Area Sacristán.

Teniente Coronel de Infantería. (R). Doctor por la Universidad de Salamanca.