El Gobierno concede el tercer grado al etarra Henri Parot
El histórico miembro de ETA, condenado a cerca de 4.800 años de prisión, abandonará la cárcel en los próximos días tras la decisión del departamento de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José
El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al histórico miembro de ETA Henri Parot, condenado por decenas de atentados y por el asesinato de 39 personas, según denuncia el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).
La decisión ha sido adoptada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico, dirigido por la socialista María Jesús San José, a partir de la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión guipuzcoana de Zubieta. La propia consejería ha confirmado oficialmente la progresión penitenciaria.
Parot, de 68 años, lleva encarcelado desde 1990 y acumula condenas que COVITE sitúa en cerca de 4.800 años de prisión por asesinatos, tentativas de asesinato, lesiones, estragos, detenciones ilegales, tenencia de armas y explosivos y pertenencia a organización terrorista.
Ahora podrá abandonar el régimen ordinario de prisión después de más de tres décadas encarcelado.
Uno de los terroristas más sanguinarios de ETA
Henri Parot fue integrante del denominado comando Argala, uno de los grupos más mortíferos de ETA.
Entre los crímenes atribuidos al comando se encuentra la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, perpetrada el 11 de diciembre de 1987 mediante un coche bomba cargado con explosivos.
El atentado asesinó a 11 personas, cinco de ellas niños, y dejó heridas a otras 88.
COVITE considera a Parot «uno de los asesinos más sanguinarios de ETA» y recuerda que fue condenado por 39 asesinatos y decenas de tentativas de asesinato.
Ya salía de prisión de lunes a viernes
El tercer grado no supone el primer paso hacia la semilibertad del etarra.
Desde 2025, el Gobierno vasco ya le había aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitía abandonar la prisión de lunes a viernes para realizar actividades de voluntariado y regresar posteriormente al centro penitenciario para dormir.
Parot también disfrutó el pasado año de un permiso penitenciario de seis días, autorizado judicialmente.
Para conceder aquella salida se tuvo en consideración una carta dirigida por el preso a la Junta de Tratamiento en la que rechazaba «todas las violencias» y manifestaba su intención de reconocer el sufrimiento provocado y tratar de reparar el daño.
COVITE: «Una amnistía encubierta»
La reacción de las víctimas ha sido inmediata.
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, considera «inaceptable» que Parot acceda al tercer grado sin haber demostrado, a juicio del colectivo, un arrepentimiento público y verificable por sus crímenes.
COVITE denuncia que el antiguo miembro de ETA «no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero» ni ha efectuado una ruptura «clara, inequívoca y verificable» con ETA y con el entorno que justificó sus asesinatos.
Ordóñez va aún más lejos y acusa al Ejecutivo autonómico de mantener una política sistemática destinada a facilitar progresivamente la salida de prisión de los antiguos terroristas.
Para COVITE, lo ocurrido con Parot constituye «una amnistía encubierta» y una política penitenciaria «puesta al servicio de la izquierda abertzale».
Una decisión del departamento dirigido por una socialista
La competencia penitenciaria corresponde al Gobierno vasco, no directamente al Ministerio del Interior.
Desde el 1 de octubre de 2021, Euskadi ejerce las competencias sobre ejecución de la legislación penitenciaria después del traspaso acordado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo vasco.
El Real Decreto 474/2021 transfirió expresamente a la administración autonómica las facultades de gestión de las prisiones vascas y la adopción de resoluciones sobre clasificación, régimen abierto, permisos, tratamiento y seguimiento del cumplimiento de las penas.
En la actualidad estas competencias dependen del Departamento de Justicia y Derechos Humanos que dirige María Jesús San José, dirigente socialista y consejera desde junio de 2024.
La decisión sobre Parot procede, por tanto, de un Gobierno vasco en el que los socialistas ostentan precisamente la cartera responsable de la política penitenciaria.
La Fiscalía puede recurrir
El tercer grado todavía puede ser objeto de control judicial.
La Fiscalía deberá estudiar ahora la resolución y decidir si interpone un recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Mientras tanto, Parot abandonará en los próximos días la cárcel de Zubieta en régimen de tercer grado.
La concesión vuelve a abrir el debate sobre la política penitenciaria aplicada a los antiguos miembros de ETA y sobre hasta qué punto puede avanzarse hacia la libertad sin que exista un arrepentimiento que las asociaciones de víctimas consideren suficientemente claro.
Para COVITE, no hay dudas: el caso de Henri Parot es un nuevo episodio de una política de «excarcelación progresiva de los presos de ETA» que, según denuncia el colectivo, beneficia a algunos de los responsables de los crímenes más sangrientos cometidos por la organización terrorista.
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