¿Qué pasará el día 23?
Tras la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno sobre la resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 7 de Octubre en la que se aprobaba la celebración de un referéndum de autodeterminación con o sin autorización del Estado, lo dispuesto en aquella queda suspendido hasta que el Alto Intérprete de la Constitución se pronuncie sobre el fondo del asunto. El Tribunal advierte en su decisión a las autoridades catalanas correspondientes, Presidenta, miembros de la Mesa y Secretario General del Parlamento, Presidente de la Generalitat y Consejeros del Gobierno autonómico, que "deben impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir". Por tanto, la cosa está clara, sea cual sea la acción emprendida por las mencionadas instancias institucionales a partir de ahora que impulse o desarrolle lo contenido en la resolución del 7 de Octubre, sus promotores se situarán fuera de la legalidad y recibirán la pertinente sanción.
En este contexto hay que preguntarse qué sucederá si la reunión programada por Carles Puigdemont para el próximo día 23 de Diciembre tiene lugar desobedeciendo pública y flagrantemente lo dispuesto de manera inequívoca por el Tribunal Constitucional. A este cónclave, cuyo tema de trabajo es el referéndum de autodeterminación -no en vano el encuentro ha sido bautizado como Cumbre para el Referéndum- han sido convocados los integrantes del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, PEDC (antigua CiU), ERC, ICV, CUP y las entidades separatistas Omnium Cultural, ANC, AMI y Súmate. También está previsto, con el fin de que el aquelarre sea completo, que se invite a organizaciones empresariales, sindicatos y a Ada Colau. Es obvio por los asistentes llamados a participar en esta magna asamblea y por el tema que se proponen tratar, que no es otro que la coordinación de esfuerzos de todos ellos de cara a la organización y realización de una consulta inconstitucional e ilegal sobre la pertenencia de Cataluña a España, que la convocatoria y no digamos su materialización en forma de trabajos, ponencias y de las disposiciones que eventualmente se tomen, contravienen frontalmente lo mandado por el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, será interesante ver si el Gobierno de la Nación adopta algún tipo de medida efectiva para parar este nuevo desafío a la legalidad o, tal como hizo en la charlotada de las urnas de cartón del 9-N, se queda quieto y agazapado dejando que los secesionistas, una vez más, se mofen del imperio de la ley. Si esa es su actitud, se supone que el Tribunal Constitucional cumplirá su advertencia y procederá contra los infractores, que como siempre harán caso omiso de las penas que se les impongan, lo que tampoco provocará ninguna medida coercitiva del Gobierno, y así sucesivamente hasta el choque inevitable.
En las dos estrategias elegidas por los separatistas y por el Gobierno, la de la provocación constante por una parte y la de la pasividad refunfuñona por la otra, llegará un momento en que o el uno o el otro se verán obligados a dar un paso con efectos tangibles. Hasta ahora este conflicto se ha dirimido utilizando como armas hojas de papel, recursos, denuncias, investigaciones, sentencias, resoluciones, sin consecuencias físicas visibles. Nadie ha sido detenido o encarcelado, multado o inhabilitado, ninguna competencia ha sido retirada ni ningún órgano ejecutivo o legislativo intervenido. Mucha cohetería verbal, muchos folios timbrados, muchas declaraciones campanudas, muchas apoteosis fervorosas en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela, pero de hecho, nada de nada.
¿Cuánto durará este espectáculo mezcla de farsa y de tragedia? ¿Hasta dónde aguantará Mariano Rajoy sin salir de su impasible indiferencia? ¿Sigue el Presidente del Gobierno creyendo que la aventura subversiva de un catalanismo desbocado que ha mutado su naturaleza tradicional de posibilismo y gradualismo en una furia desatada de la mano de una horda de okupas anarcocomunistas, se disolverá en su propio absurdo y en sus contradicciones internas?
Los distintos desenlaces posibles para este proceso irracional, destructivo y delirante, están abiertos y según se mueva el Gobierno en relación a la enésima ilegalidad que se prepara para el día 23 sabremos si se ha alcanzado ya el punto de agotamiento de su paciencia o si estamos condenados a continuar asistiendo a comportamientos que nos sumen recurrentemente en el desaliento y el bochorno.
Alejo Vidal-Quadras. Publicado en VozPópuli
