Si quieres inmigrantes, acógelos en tu casa

En los últimos días, Badalona ha sido el epicentro de una polémica que resume perfectamente el caos migratorio que azota a España. El desalojo del antiguo instituto B9, ocupado ilegalmente por alrededor de 400 inmigrantes africanos, ha puesto de manifiesto una realidad que muchos intentan ocultar: estos individuos no vienen a trabajar, sino a vivir a costa del contribuyente español. El alcalde del PP Xavier García Albiol, ha procedido al desahucio el pasado 17 de diciembre, dejando en evidencia el fracaso de las políticas de inmigración del Gobierno central, sin olvidar que su partido fue el que abrió de par en par las puertas de la inmigración masiva con Aznar y que siempre ha defendido la inmigración frente a promover la natalidad de los españoles.

Expertos de la ONU han condenado la acción, alegando vulneración de derechos, pero ¿Qué hay de los derechos de los vecinos españoles que han vivido un infierno durante meses? Albiol, que parece el único del PP al que deportaremos en bussines, ha sido claro: no proporcionará ayuda permanente a estos "okupas", y ha negociado con el Govern para que no se queden en la ciudad. Incluso, una protesta vecinal impidió que varios de ellos fueran alojados en una parroquia local, mostrando el hartazgo generalizado. Pero vayamos por partes, porque esta situación no es aislada, sino parte de un problema estructural que amenaza nuestra convivencia, nuestra economía y nuestra identidad.

El coste económico: 60 euros al día por cabeza, un lujo que no podemos permitirnos

Mantener a estos 400 inmigrantes irregulares supone un gasto diario de aproximadamente 60 euros por persona, según estimaciones basadas en los costes de alojamiento, manutención y servicios básicos que el Estado asume en casos similares. Multiplicad: eso son unos 24.000 euros al día para el grupo entero, o más de 672.000 euros al mes, como ha explicado en un vídeo el propio Albiol. Anualmente, hablamos de unos 8 millones de euros solo para este asentamiento. Pero esto es solo la punta del iceberg; estudios independientes calculan que el exceso de inmigración ilegal cuesta a España al menos 30.000 millones de euros al año en total, cubriendo no solo manutención sino también sanidad, educación y seguridad. ¿Quién paga esto? Ustedes y yo, los españoles que madrugamos cada día para trabajar y sostener un sistema que se desangra por la llegada masiva de personas que no contribuyen. Este coste es inasumible para las arcas públicas, ya de por sí estranguladas por la deuda y la inflación. Mientras tanto, hospitales y escuelas sufren recortes, pero para los inmigrantes irregulares siempre hay fondos. En contextos similares, como los CETI en Ceuta, el mantenimiento diario puede superar los 110 euros por persona en algunos casos, incluyendo vigilancia y traslados. Imaginad todo lo que se podría hacer con ese dinero si fuese destinado al beneficio de los españoles ¿Hasta cuándo seguiremos financiando esta invasión?

La degradación de nuestros barrios: Delincuencia, colapso sanitario y caos urbano

No se trata solo de dinero. La presencia masiva de inmigrantes irregulares como estos degrada nuestros barrios, convirtiéndolos en guetos de inseguridad. En Badalona, el B9 se había transformado en un foco de problemas: robos, drogas, prostitución, peleas y un deterioro visible que los vecinos han denunciado durante meses. Durante el desalojo, se produjeron 18 detenciones, confirmando las actividades delictivas asociadas. Los residentes locales han descrito cómo estos ocupantes han hecho "la vida un infierno", con conflictos constantes y violencia en las calles. Pero esto no es exclusivo de Cataluña. Los datos son demoledores: según los Mossos d'Esquadra, en 2024 el 65,5% de los detenidos en Cataluña fueron extranjeros, a pesar de que representan solo el 18% de la población. Marroquíes y argelinos lideran las listas de arrestados por delitos graves, con casi 47.000 detenciones en total ese año. Además, una docena de personas acumularon 475 detenciones en 2024, la mayoría en Barcelona, muchos de ellos reincidentes extranjeros.

En el País Vasco, la Ertzaintza revela cifras similares: el 64% de los detenidos en los primeros nueve meses de 2025 eran de origen extranjero. Para robos con violencia o intimidación, el 67% son magrebíes y el 81,9% extranjeros en total; en hurtos, el 82,4%. Estos no son prejuicios, son hechos oficiales que confirman lo que vemos en las calles: un aumento exponencial de la delincuencia ligado a la inmigración descontrolada. En Euskadi, de 80.111 infracciones penales en los nueve primeros meses de 2025, una proporción alarmante involucra a extranjeros, que representan solo el 14% de la población.

A esto se suma el colapso de la sanidad. Los inmigrantes irregulares acceden a servicios médicos gratuitos, saturando urgencias y listas de espera. Mientras un español espera meses por una operación, estos individuos colapsan el sistema sin haber cotizado un euro. En regiones como Cataluña y País Vasco, el aumento de población extranjera ha duplicado la presión sobre los hospitales, con casos de emergencias desbordadas por enfermedades importadas o accidentes relacionados con la precariedad. Y no olvidemos el impacto en la vivienda: ocupaciones ilegales como la del B9 expulsan a familias españolas de sus barrios, elevando el precio del alquiler y fomentando la especulación. Los vecinos de Badalona han protestado activamente, impidiendo incluso que los desalojados se refugien en iglesias locales, un claro signo de que la paciencia se ha agotado.

El negocio de las mafias y el plan de reemplazo étnico: Una conspiración contra España

Esta situación no es casual. Es el resultado del lucrativo negocio de las mafias de la inmigración, que trafican con personas desde África hasta nuestras costas, cobrando miles de euros por viaje. El Gobierno de Sánchez no hace frente a esto: no refuerza fronteras, no expulsa a los irregulares y permite que ONGs cómplices faciliten la llegada. En Badalona, muchos de estos 400 africanos llegaron a través de rutas ilegales, y ahora, tras el desalojo, vagan sin techo ni perspectivas, un problema que el Ejecutivo central ignora. Pero hay más: detrás se esconde un plan de reemplazo étnico, una estrategia para sustituir a la población española autóctona por mano de obra extranjera barata. Esto obedece a la agenda del capitalismo internacional, abanderado por fondos como BlackRock, que invierten en empresas que se benefician de salarios bajos y derechos laborales erosionados. Estos globalistas buscan precarizar el mercado laboral: inmigrantes dispuestos a trabajar por menos, erosionando los derechos de los trabajadores españoles. Y no faltan empresarios capitalistas locales que se aprovechan, porque saben que el Gobierno mira para otro lado. El resultado: más paro para los jóvenes españoles, salarios a la baja y una sociedad dividida. ¿Es esto progreso? No, es traición. Recientemente, el Congreso aprobó la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, un regalo para estas mafias y fondos especulativos.

La hipocresía de rojos y progres: Palabras vacías y cero solidaridad real

Por último, no puedo dejar de mencionar la hipocresía de la izquierda y los progres. Se les llena la boca hablando de "unidad de clase" y "solidaridad", pero ¿dónde están cuando hay que actuar? Todavía no he visto a ninguno de estos bienpensantes acogiendo a un solo inmigrante en su chalet o piso de lujo. Nos llaman "fachas y racistas" por defender nuestras fronteras, pero ellos no dan ejemplo. Si tanto defienden la integración, que abran sus puertas y nos cierren la boca con hechos, no con discursos. En el caso de Badalona, los "perroflautas" se unieron a los inmigrantes para intentar frenar el desalojo, pero ninguno les ofreció su casa. Mientras predican sobre la clase obrera, la inmigración masiva la revienta: competidores por empleos precarios, colapso de servicios sociales que salen de nuestros impuestos. Hablan de sanidad universal, pero son los trabajadores españoles los que sufren las listas de espera interminables por el abuso del sistema. ¿Unidad de clase? Solo para ellos, que viven en barrios exclusivos lejos del caos que promueven. ¿Dónde están los antifascistas para abrir las puertas de su casa? ¿Dónde están Pablo Iglesias, Óscar Camps o el Gran Wyoming?

Y no olvidemos el drama humano que provoca esta hipocresía: la inmigración irregular causa miles de muertes anuales en el Mediterráneo, con más de 1.300 fallecidos solo en 2025 hasta la fecha, y 2.573 en 2024, según datos oficiales. Esto es culpa del "efecto llamada" que generan los progres con sus campañas de bienvenida, animando a miles a arriesgar sus vidas en pateras para ser sostenidos por nuestros impuestos, mientras ninguno de estos hipócritas acogerá a un solo inmigrante en su casa. Con esto, le hacen un gran favor a las mafias traficantes de personas, reforzando su papel y ampliando su negocio criminal gracias a estos llamamientos a importar más inmigrantes del tercer mundo. Sin embargo, cuando se trató de verdaderos refugiados, como los ucranianos –que eran en su mayoría mujeres y niños (alrededor del 90% de los desplazados), con un 61% de mujeres en el caso de España–, los progres se negaron a acogerlos en masa o a promover su integración de la misma forma. De hecho, la mayoría de los varones ucranianos en edad militar que estaban en España volvieron a su país para combatir la invasión rusa, demostrando un patriotismo que contrasta con la inmigración económica que defienden los progres. Si en las pateras vinieran ucranianas rubias y de ojos azules, las feministas y progres serían las primeras en confrontar la inmigración y exigir controles estrictos. Pero como vienen mayoritariamente hombres jóvenes africanos, lo aplauden, ignorando las tragedias y el coste para nuestra sociedad.

En resumen, el caso de Badalona es un aviso: o paramos esta invasión organizada, o España dejará de ser España. Es hora de que el Gobierno actúe: expulsiones masivas, control de fronteras y prioridad para los nacionales. Basta de sangrar al contribuyente por ideologías fallidas. ¡España primero!