Historia 2

A pesar de tener más de un siglo, la bandera 'estelada' (estrellada) utilizada por los nacionalistas e independentistas catalanes, se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, directamente vinculada al procès separatista iniciado por la Generalitat de Cataluña.

Hace unos cuantos años, repentinamente, se inició el culto izquierdista a las que se denominaron 'Las 13 rosas'. Hubo hasta película de por medio. La historia contada por la progresía viene a señalar que el Régimen de Franco ejecutó, sin más, a 13 mujeres por el simple hecho de defender la democracia y la libertad contra el fascismo. De hecho en 1.988 se coloca una placa con este o texto muy similar en el lugar donde fueron ejecutadas. La historia no es tan simple.

La Plataforma No Hablamos Catalán, que lucha contra la imposición del nacionalismo en Aragón, ha denunciado públicamente el libro "Petita Història de Catalunya", de la editorial Mediterrània, dirigida al público infantil y financiada (como no) por el Departament de Cultura de la Generalitat.

La Generalitat de Cataluña sostiene en documentos oficiales difundidos a través de su página web que Valencia y Mallorca fueron «territorios agregados» a la Corona de Aragón por los «reyes catalanes», entre los que cita a Wifredo el Velloso, Alfonso el Batallador, Ramiro II el Monje, Ramón Berenguer IV o Jaime I el Conquistador. Todos estos Monarcas, a los que el Ejecutivo presidido por Quim Torra cita como «catalanes» en el apartado de Cultura y Lengua de su página web, nacieron en Huesca o en Francia.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado parte de las bases reguladoras del Plan Dinamiza de la Diputación de Badajoz y da la razón a Guadiana del Caudillo por no haber recibido dicha financiación, ya que la institución provincial pacense consideraba que no "cumplían con la ley de memoria histórica", que los obligaba a cambiar su denominación original si querían seguir recibiendo fondos públicos.

El Gobierno ha presentado una demanda contra los herederos del General Francisco Franco por la propiedad del pazo de Meirás. Esta decisión pone fin a las peticiones habían hecho los Gobiernos gallegos durante los últimos años, que defendían que este inmueble debería volver a ser de dominio público.