Un total de 106 diputados de los 120 que conforman el Grupo Socialista en el Congreso cobran pluses y complementos además del sueldo base. Y ello, gracias al aumento de portavoces en las comisiones parlamentarias que han impulsado PSOE y Podemos para acomodarlas a la estructura elefantiásica del nuevo Ejecutivo. Es decir, casi el 90% de la bancada socialista no cobra únicamente los 3.041 euros mensuales de asignación constitucional, una cuantía que perciben en 14 pagas al año: 42.580,86 euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han acordado este viernes recuperar el convenio de cocapitalidad cultural y científica de la Ciudad Condal que se suscribió hace una década durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se interrumpió durante los Gobiernos del PP.
Un vicepresidente del Gobierno llamando abiertamente a los ciudadanos a organizar la resistencia en las calles. No, no estamos en Cuba ni en Venezuela. A esto hemos llegado ya en la España del 2020.
Un hombre que llamó "cocainómano" al ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y le deseó la muerte ha sido condenado por injurias y deberá pagar al ex dirigente de la formaciónliberal 2.000 euros, un dinero que Rivera ha dicho que donará a las víctimas del terrorismo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo autónomo que nos proporciona todos los datos estadísticos referidos a la demografía, economía y sociedad de nuestro país. De esta forma, plasman toda la información relevante que responde a una foto actual de cómo se encuentra la situación socio-económica española para crear una comparativa histórica.
La portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, ha asegurado en una entrevista publicada por el periódico «L'Independant» que el Ejecutivo del país vecino no extraditará al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española en Bélgica, si, como tiene previsto, acude a la frontera de Perpiñán el mes que viene. «El señor Puigdemont es miembro del Parlamento Europeo y, por lo tanto, tiene inmunidad parlamentaria», ha dicho. Por si todavía quedaban dudas. ¿Nos vamos ya de Europa o todavía no?
VOX ha presentado una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Justicia, actual diputada y próximamente fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por Tráfico de Influencias.
En la querella, esta formación recuerda al Alto Tribunal los hechos acaecidos para lograr el apoyo suficiente para que Sánchez formara Gobierno, para lo que resultaba imprescindible la abstención del partido separatista ERC, del que es líder el condenado Oriol Junqueras.
VOX denuncia, en su escrito, que tanto Sánchez como Delgado actuaron de manera deliberada las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés, como superiores jerárquicos de los mismos. El objetivo de esta actuación fue "cumplir las expectativas y mandatos políticos trasladados por el Gobierno de España, por conducto de Delgado, en la expectativa de una recompensa futura, o por temor a un hipotético cese".
Entre el 20 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, periodo en el que se negociaba la formación del nuevo Gobierno, por parte de los miembros del Ejecutivo en funciones y de la entonces ministra de Justicia se dieron instrucciones políticas a la Abogacía General del Estado, para que el escrito de alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se adaptara a las exigencias de ERC para que Sánchez formara Gobierno.
VOX recuerda en la querella que estas directrices se han cumplido, tal y como han denunciado los propios abogados del Estado.
También argumenta VOX en su denuncia que ERC tuvo conocimiento del escrito realizado por la Abogacía del Estado antes de que se hiciera público. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo. Peticiones que aún no han sido respondidas.
Este partido recuerda en su querella que el 30 de diciembre los abogados del Estado, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey remitieron al Tribunal Supremo el escrito de alegaciones, el cual contenía las indicaciones políticas dadas por la entonces ministra de Justicia, que satisfacían las exigencias de ERC.
Debido a estas circunstancias, VOX también ha presentado, ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, una querella contra los tres abogados del Estado que remitieron las alegaciones al Alto Tribunal dictadas por Delgado, por los delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.
VOX también denuncia que la Abogacía del Estado continúe intentando que se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por Rebelión que se encuentran, en este momento, fugados de la Justicia y fuera del territorio español.
Esta actitud, que explica la querella, contraviene los intereses de España, chocan, de hecho, con las posteriores resoluciones dictadas por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, donde se pone de manifiesto la inconsistencia de la posición mantenida por la Abogacía del Estado, al no responder a criterios técnico-jurídicos, sino a instrucciones políticas recibidas.
