Irene Montero y los 500.000 inmigrantes ilegales: «Vamos a barrer este país de fachas españoles»

La eurodiputada de Irene Montero, dirigente de Podemos, ha defendido públicamente que el siguiente paso tras la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno será facilitar la nacionalidad española y el derecho a voto para estas personas.

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Durante un acto político celebrado en Aragón, Montero afirmó que, tras conceder «papeles» a cientos de miles de extranjeros, su formación aspira a avanzar hacia su plena integración jurídica y política. «Tras la regularización vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar», aseguró.

La dirigente comunista fue más allá en su intervención y lanzó un mensaje abiertamente ideológico: «Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora», unas palabras que han provocado una fuerte reacción política y social por el tono confrontativo del discurso.

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Regularización exprés y cálculo electoral

Las declaraciones se producen apenas días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara el inicio de la tramitación de un real decreto para regularizar de forma extraordinaria a cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular que ya residían en España antes del 31 de diciembre de 2025.

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La medida, pactada con Podemos y apoyada por Sumar, permitirá que estas personas obtengan permiso de residencia y trabajo acreditando unos meses mínimos de estancia.

Desde la oposición, distintos partidos han advertido de que el siguiente paso —facilitar el acceso a la nacionalidad y, con ello, al censo electoral— podría tener un evidente impacto político y demográfico, especialmente de cara a futuras elecciones.

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Polémica por el tono del mensaje

Más allá del contenido jurídico, las palabras de Montero han encendido la polémica por su carga ideológica. El uso de expresiones como «barrer de fachas y racistas» ha sido interpretado por algunos sectores como un llamamiento a utilizar la inmigración con fines políticos, algo que ha generado críticas por fomentar la división social.

Formaciones de centro y derecha han acusado al Gobierno y a sus socios de «instrumentalizar la inmigración» y de «convertir una cuestión humanitaria en una estrategia electoral».

Por su parte, desde el entorno de Podemos defienden que se trata de garantizar derechos plenos y de «fortalecer la democracia con más participación».

Debate abierto

La cuestión vuelve a situar en el centro del debate público el equilibrio entre políticas de integración, seguridad jurídica y consecuencias electorales.

Mientras el Ejecutivo insiste en que la regularización responde a criterios humanitarios y laborales, la oposición cuestiona el alcance y la rapidez del proceso, así como sus posibles efectos a medio plazo en el sistema político.

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