El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, da 72 horas al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, para que dimita advirtiéndole que, de no hacerlo, "interpondremos demandas judiciales". Además ha pedido que se archive la causa la causa del 9-N acusando al Gobierno de tener un "matriz franquista" que persigue todo tipo de ideas políticas.
El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, pagó 10.492 euros de suministro eléctrico para que un grupo de okupas de Gràcia pudiera organizar en agosto las «fiestas alternativas» del barrio en el que estalló la violencia antisistema.
El Ayuntamiento de Barcelona, mediante la Concejalía de Feminismos y LGTBI, ha impulsado el proyecto "Diversidad en corto", una propuesta educativa y artística "en favor de la variedad afectiva, y para prevenir y luchar contra la violencia hacia la diversidad sexual".
Alejandro Cao de Benós, 'embajador' no oficial de Corea del Norte en España, y ferviente defensor del régimen comunista de Kim Jong-un, ha sido detenido en Tarragona en una operación de tráfico de armas prohibidas.
A Miguel Hernández, la Ley de Memoria Histórica de 2007 no le hizo justicia. Al menos así lo pensaron sus descendientes, que encajaron el fallo del Tribunal Supremo con indignación. El argumento se fundamentaba precisamente en que la propia ley no preveía una declaración individualizada de la nulidad de las sentencias dictadas, sino una reprobación genérica. Era 2011.
Junts pel Sí advirtió a la CUP de que su veto a los presupuestos del Govern tendría "consecuencias". Y ya las hay. Después de materializarse el fiasco de las primeras cuentas del nuevo Govern, Carles Puigdemont ha anunciado ante la cámara que va a someterse a una "cuestión de confianza" en el Parlament.
La CUP decidió anoche mantener su veto a los presupuestos de la Generalitat presentados por sus socios parlamentarios de Junts pel Sí -la coalición de Convergència y ERC- y abrió con ello una herida que puede ser definitiva para la actual legislatura catalana.
