España | Cataluña

Torelló, un pequeño municipio de la comarca de Osona (Barcelona), se ha convertido en símbolo de la degradación urbana que avanza imparable en Cataluña. Los propios Mossos d’Esquadra han reconocido que hay barrios donde no pueden entrar sin apoyo reforzado, ni siquiera para realizar identificaciones o atender avisos rutinarios.

Nueva polémica en Barcelona. El Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa insólita: invitar a sus propios trabajadores a acoger en sus casas a jóvenes inmigrantes tutelados o extutelados de entre 18 y 23 años, durante al menos nueve meses.

Escándalo destapado en Cataluña. Marruecos ha impuesto clases de lengua árabe para más de 2.000 estudiantes en distintos colegios catalanes gracias a un programa que cuenta con la colaboración directa de la Generalitat y la injerencia del propio Gobierno marroquí, que envía a los profesores desde Rabat.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia pública por presunto «delito de escarnio» contra el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, por el vídeo que acompaña al cartel promocional de las fiestas de La Merced 2025, según ha informado la entidad en un comunicado.

El PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de entre 41 y 43 escaños, seguido de Junts, que obtendría entre 27 y 29 diputados, y ERC se quedaría en tercer puesto con 21 y 23, según el barómetro publicado la pasada semana del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña.

Los disturbios en Salt han monopolizado estos días el foco mediático en Cataluña. Y uno de sus elementos más controvertidos, más allá de la violencia de los altercados en sí, ha sido el origen de las protestas: el desalojo de un imán subsahariano por parte de los Mossos. Para unos, lo ocurrido refleja el malestar que genera en los más débiles el problema de la vivienda, que habría actuado como combustible de las conductas violentas. Para otros, los tumultos evidencian la ilegitimidad de las okupaciones, dado que el imán desahuciado llevaba cinco años sin pagar el alquiler y no había sido identificado como vulnerable por el Ayuntamiento —que, finalmente, ha decidido otorgarle una vivienda social—.