El debate para hablar de la presidencia de turno española de la UE se ha convertido en un debate en torno a la amnistía de Pedro Sánchez y los pactos de gobierno alcanzados con los separatistas para seguir siendo presidente.
La portavoz del fugado Carles Puigdemont no ha dudado en utilizar la tribuna del Congreso para señalar, con nombre y apellidos, los jueces, periodistas y agentes del orden que deben ser “juzgados y cesados” por, en opinión de Junts, actuar contra Cataluña.
Francisco Galindo Vélez (San Salvador, 1955), la persona elegida para verificar las reuniones entre el PSOE y Junts per Catalunya, es un diplomático salvadoreño que ha sido embajador de su país en Francia entre 2010 y 2015 y Colombia, donde defendió la firma de los acuerdos de paz entre el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en 2016.
Bildu también marca el camino a Pedro Sánchez para pagar sus votos en la investidura. La formación proetarra, socio preferente del socialista, ha aprovechado el debate en el Congreso para recordar a Sánchez que «no hay Gobierno del Estado» sin su ayuda. Y eso pasa por asumir «la realidad plurinacional del bloque que puede sostener la investidura y la legislatura». «Actuaremos con la máxima ambición y exigencia», ha advertido Mertxe Aizpurua. La portavoz ha recurrido al euskera para lanzar los mensajes más duros al candidato.
El jefe de la oficina de Carles Puigdemont ha reclamado a la Generalitat que asigne un servicio de escolta de los Mossos d'Esquadra, de forma "inmediata" y "con carácter de urgencia", al ex presidente catalán tras haber detectado "un aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona desde hace algunas semanas".
La Ley de Amnistía se convertirá previsiblemente en un coladero por el que líderes independentistas verán olvidados sus delitos incluso si se han consumado con posterioridad a la aprobación en el Congreso del proyecto legislativo de PSOE y sus socios. La medida de gracia impulsada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont también borrará delitos cometidos con posterioridad al 13 de noviembre de este año si se puede justificar que su génesis es anterior. Es decir, que se planearon antes de este lunes.
El acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez compromete a los socialistas a apoyar un nuevo Estatuto que incluya el «reconocimiento nacional» del País Vasco, además de una relación «bilateral». A cambio, Sánchez se garantiza los cinco votos del PNV, lo que le permitirá salir investido en una primera votación.
