Cataluña aprueba su propia Ley de Memoria Democrática
Nuevo guiño del socialista Salvador Illa al independentismo. El Gobierno de la Generalitat ha aprobado hoy una ley de Memoria Democrática de Cataluña que elaboró y diseñó el anterior gobierno de Esquerra Republicana. Un polémico proyecto que el Ejecutivo catalán que estaba presidido por Pere Aragonès aprobó en su día, pero cuya tramitación quedó paralizada tras la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.
Esta ley, que es "uno de los compromisos de Illa con ERC" para asegurase la investidura y cierta estabilidad parlamentaria, unifica los tres textos anteriores -del año 2007, 2009 y 2017- de memoria histórica pero esta vez incorporando la "perspectiva de género". Tras su reunión semanal en la que ha aprobado el texto, el Govern ha subrayado que el acuerdo para validarlo ha sido "una de las prioridades" de la administración Illa y refleja su "firme compromiso para reactivar y agilizar" el trámite en el Parlament antes de que acabe este año
Entre las medidas que contempla la ley está la obligación de retirar en dos años los símbolos franquistas que resten en las calles y municipios de Cataluña -y eso afecta al monolito en recuerdo a la batalla del Ebro que hay en Tortosa- y sancionará el enaltecimiento de la dictadura, con el objetivo "más importante que nunca" de la "garantía de no repetición". Asimismo, retirará también las distinciones, nombramientos y honores concedidos a personas que apoyaron en su día la dictadura.
Asimismo, la Generalitat considera a partir de ahora como "días de conmemoración" el 14 de abril, proclamación de la República, y el 7 de noviembre, constitución de la Asamblea de Catalunya.
Uno de los motivos de polémica de esta ley, que recibió el apoyo del pleno el 31 de mayo de 2023, con los votos de ERC, PSC, JxCat, CUP y En Comú Podem, tras el rechazo de las enmiendas presentadas por Vox, Ciudadanos y el PP, es que no contempla reconocer a las víctimas que murieron durante la guerra civil por la acción del gobierno catalán republicano que presidió Lluìs Companys y los grupos anarquistas y comunistas-algunos historiadores hablan de más de 26 mil personas-, con la existencia de decenas de checas en Barcelona. Tampoco hace mención a los catalanes asesinados por ETA.
A partir de esta norma, la Generalitat podrá ejercer la acusación popular en delitos de lesa humanidad y contra la integridad física y moral durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Además, el Gobierno catalán creará un censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, se regulará un procedimiento para dignificar y localizar fosas comunes y se fomentará la investigación y la divulgación. Así como la explicación en las escuelas y centros educativos.
La ley también prevé tres tipos de infracciones que se sancionarán: la vandalización de los espacios de memoria, el enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas y el incumplimiento de otros preceptos de la propia normativa.
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