El Gobierno invierte 2,6 millones de euros en enseñar catalán, euskera y valenciano a los funcionarios
El Gobierno ha decidido duplicar el gasto para enseñar catalán, euskera y valenciano a los empleados públicos de la Administración General del Estado durante los próximos tres años. En 2019, fecha del último contrato, el Ejecutivo destinó un gasto por valor estimado de 443.250 euros al año para impartir catalán, valenciano, euskera y gallego. Sin embargo, el contrato que se ha licitado ahora tiene un coste anual de 871.531 euros y sin incluir formación en gallego. Es decir, 2,6 millones de euros para tres años.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ahora dirige Óscar López, ha publicado a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) una oferta pública para contratar los «servicios para la creación de contenidos para el aprendizaje en línea tutorizado de las lenguas cooficiales de España». El contrato tendría una duración de 3 años, a contar desde la formalización del mismo, por un valor de 2.614.595 euros, impuestos incluidos. Es decir, que el coste estimado por año sería de 871.531 euros.
El coste de este contrato incluye la «elaboración, diseño y digitalización de contenidos para el aprendizaje en línea de las lenguas catalana, euskera y valenciana». Sin embargo, se aclara en la memoria justificativa del contrato que el gallego no está entre las lenguas cooficiales ofertadas porque «el Portal de Lengua Gallega ofrece gratuitamente en su portal los contenidos y actividades de los distintos niveles». Pese a ello, el coste es significativamente superior al desembolsado en 2019.
Hace cinco años, el Ejecutivo que ya encabezaba el socialista Pedro Sánchez licitó un contrato público por valor de 443.250 euros al año, para el que se preveía una prórroga de un año. Desde entonces, el Gobierno admite que ha estado «explorando alternativas para un modelo de aprendizaje de las cuatro lenguas cooficiales que sea eficaz y sostenible en el tiempo».
El Ministerio Transformación Digital y de la Función Pública ha justificado la necesidad de este gasto en que el INAP cuenta en su estatuto con el deber de ofrecer la «formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos». Concretamente, se refiere a que es necesario «garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse» con la Administración «en las diferentes lenguas cooficiales de España». Por tanto, el Instituto tiene el deber de «facilitar el aprendizaje de estas lenguas» para «la prestación efectiva del servicio público».
No es la primera vez que el Ejecutivo ha aumentado el gasto dedicado a enseñar las lenguas cooficiales a los trabajadores del sector público. El Gobierno sanchista destinó casi 700.000 euros a clases online de catalán para los empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda justificó este gasto en que iba a «proporcionar» a su personal unos conocimientos para un «mejor desempeño en su puesto de trabajo». También porque la lengua tiene «carácter cooficial en la Comunidad Autónoma» y es habitual su «empleo por parte del contribuyente», con quien tendría contacto el trabajador.
Fuente original: Okdiario
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