La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido públicamente el «derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro público más cercano». «Siempre tendrá que haber personal disponible», ha advertido, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tras la aprobación de la nueva ley del aborto, que permitirá abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, además de promover su realización en los centros de la red pública. La norma -que se ha tramitado de urgencia para saltarse el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- obligará a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores sanitarios que no quieren realizar la interrupción voluntaria del embarazo para que en los servicios públicos siempre haya profesionales suficientes para poder practicarla. El aborto será libre hasta la semana 14 de gestación.
