Sociedad y Tiempo libre

Los hechos hablan por sí solos. El actual secretario del consejo de Administración de Liberbank, Jesús María Alcalde, y la actual consejera María Encarnación Paredes se prejubilaron en esta misma entidad financiera el pasado 23 de enero en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Tras muchos trienios en la casa se repartieron una indemnización conjunta con el también cesante y actual consejero Felipe Fernández de 1,2 millones de euros. Ese mismo día se apuntaron al paro y también fueron designados nuevos miembros del Consejo de Administración de Liberbank, cargos en los que continúan desde entonces con una retribución anual de 100.000 euros. Simultáneamente, cobran prestación por desempleo desde ese mismo día. Paralelamente, se benefician de las medidas del Estado para paliar a los que salen en un ERE el drama del desempleo y tienen exentos de tributación en su indemnización por despido el equivalente a tres años y medio del salario del que disfrutaban.

Una chica con una bolsa en la cabeza, las manos y los pies atados y vestida de negro, ha protagonizado una curiosa performance independentista a las puertas del Parlamento catalán.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por un antiguo mando de la Guardia Civil en Almería que reclamaba su rehabilitación y readmisión en el cuerpo después de que fuera expulsado al ser condenado a un año de inhabilitación por revelación de secretos.

Asturias y Andalucía, ambas gobernadas por el PSOE, han anunciado hoy que piensan mantener la asistencia sanitaria a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero. Con este anuncio se convierten en las primeras autonomías que se oponen a una medida que entró en vigor el 1 de enero pasado gracias a dos enmiendas introducidas por el PP durante la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2014.

En la ciudad de Dezgah, en la provincia de Fars, en Irán, no suelen tener la oportunidad de hablar con en la prensa extranjera. Pero una de estas personas está recibiendo ahora una pequeña reputación a nivel internacional.

La Oficina de Extranjería belga retiró el permiso de residencia a 323 españoles en 2013 al considerar que ya no cumplían con los requisitos exigidos -como contar con un contrato laboral, ser estudiante o tener actividad como autónomo-, y evitar así que supusieran una carga exagerada para las arcas de la Seguridad Social belga. Los españoles ocupan el tercer lugar en número de expulsiones, solo por detrás de rumanos y búlgaros.