Opinión

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Los socialistas catalanes han cambiado de caballo en la última curva de la carrera que tiene su meta el próximo 14 de febrero. La sustitución ha sido realmente sustancial, han pasado de un cabeza de lista orondo y festivo, con contoneos de animador de discoteca, a otro ascético y lúgubre, con aspecto de empleado de pompas fúnebres. El hecho de que Salvador Illa haya desempeñado el cargo de ministro de Sanidad durante un año que ha visto morir por Covid-19 a ochenta mil españoles, principalmente ancianos atrapados en residencias geriátricas, presta a su candidatura un tono especialmente tétrico. Curiosamente, Pedro Sánchez ha impulsado esta pirueta de última hora con el argumento de que la notoriedad adquirida por el exalcalde de La Roca del Vallés como responsable máximo de la cartera encargada de evitar este drama contribuirá a obtener para el PSC un resultado mucho mejor que el que hubiera conseguido el trepidante Iceta. Se ha publicado que las encuestas avalan esta penetrante intuición del presidente del Gobierno, personaje al que, como es sabido, caracterizan su amor a la verdad y su capacidad de cualquier renuncia personal que sirva al interés general.

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Los expedientes de regulación de empleo, en anagrama ERE, son aquellos documentos que se envían a la autoridad laboral para acreditar la extinción de la relación laboral con un determinado número de empleados, o incluso con toda la plantilla, en diversos supuestos legalmente tasados, y entre los que destacan las causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.

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Todo es susceptible de empeorar. Según el filósofo rumano, Emile Cioran, lo peor siempre está por llegar. Y la nueva ley educativa aprobada en el parlamento español el pasado 19 de noviembre, un ejemplo. En la etapa final del franquismo comienza el declive. Ley General de Educación, 1970. A la sazón Villar Palasí, ministro. Certeramente rebautizado como Villar Payasín. A principios de los noventa se implantó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse), maniobrada por el siniestro Rubalcaba, donde el descenso a los infiernos devenía imparable. La ley educativa de Celaá (Lomloe) será una versión empeorada, manifiestamente empeorada. Y un breve quinteto de jalones lo aclaran.

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No hay peor inseguridad que sentirte desprotegido y herido en tu propio pueblo. Esto es lo que nos sucede a muchos gallegos ante una supuesta imposición de una vacuna hasta el punto de multar si no se desea o es incompatible ponerla. La salud como negocio y como cobaya el ser humano. Nunca en mi vida y en esta sociedad que dice progresar, me he sentido tan carente de libertad y sin respeto a mis derechos. Sería lo normal en toda democracia y, si no es así, no se debería gobernar ante el rasgo psicopático de nula empatía con quienes dice gobernar. Todo a la carrera en un negocio de millones de vacunas de las que no se sabe su reacción a posteriori y porque los seres humanos no son en serie ni reaccionan igual y lo que a uno cura a otra mata. Que no se atrevan a hablarme de seguridad porque nada hay seguro y, mucho menos ,si interacciona con patologías y medicaciones.

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Este pasado 15 de diciembre se ha hecho muy viral el caso de una abuela australiana que le ha exigido a su hija una remuneración a cambio de cuidar de su propio nieto, un pequeño de un año de edad, ya que su madre debe volver al trabajo.

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Cuando esta columna vea la luz estaremos celebrando el cuadragésimo segundo aniversario de la aprobación por una mayoría abrumadora de la azarosamente vigente Constitución de 1978. Una efeméride sin apenas motivos de alegría, en plena crisis sanitaria, institucional y económica, con un Gobierno presidido por un forajido de la política que no tiene otra guía que su imagen en el espejo de su desmedida ambición.