¿España es un Estado de derecho o de desecho?
Parece lo que parece, y lo que parece es tan simpático que ya no sabemos si tomarlo a cachondeo, como si la vida política fuera un eterno homenaje al sainete, o entrar en un permanente e insano estado de indignación. Pero lo cierto es que las noticias del abuso y el reabuso -y perdonen por el palabro- se acumulan en las esquinas de la información, y cada vez que parece imposible superar, por falta de vergüenza, una noticia de feos tintes, la siguiente consigue perder aún más vergüenza.
La semana ha venido, en este sentido, calentita con el descubrimiento de un agujero negro -negrísimo- de quince millones devorados por las visas personales, que los del ajo de Caja Madrid habían gastado sin ningún límite ni consciencia. Mientras la solvencia de la entidad iba destruyéndose a medida que sus directivos perpetraban todo tipo de errores, operaciones fallidas y abusos de todo pelaje, resulta que sus vidas privadas tenían un ingreso extra de notable solvencia. Aquello de vamos a fundir la tarjeta de crédito, sólo que lo hacían con el dinero ajeno. Lo más increíble es que algunos de los señores que usaban dicho privilegio autoprivilegiado han mantenido con notable desparpajo sus despachos oficiales. Y así ha sido, colorín colorado, como se han vaciado aún más las arcas públicas, para poder salvar, con transfusiones millonarias, las necesidades vampíricas de estos malabaristas financieros. Pregunta tonta: ¿nadie les obligará a devolver los dineritos gastados con estas tarjetas, a cuenta de los ahorradores de la entidad? Se agradecería respuesta.
Y suma y sigue, el viernes nos trae una noticia, explicada en letra menuda, que es otra alegría para el cuerpo. El Consejo de Ministros aprueba, vía real decreto (que siempre lava más rápido), la indemnización de 1.350 millones de euros a la compañía ACS por la renuncia del proyecto Castor. Vaya, que Florentino Pérez habrá tenido un fin de semana de perlas. Lo más bonito de la noticia es que quienes pagarán dicha indemnización seremos los consumidores, cuyo montante iremos asumiendo durante 30 años. Es decir, a ver si lo entiendo. Algún listo (época ministro Montilla) cierra un acuerdo con ACS para un proyecto gasístico que, si la empresa lo hace mal, es un fiasco y llena la zona de terremotos, y en lugar de asumir el desastre, el Estado le pagará una indemnización por daños. Es decir, cero riesgo y todo beneficio, se haga bien, mal o mediopensionista. Ahora entiendo lo bien que le va todo a Florentino. Es de tal gravedad el escándalo que tengo la impresión de que ya no vamos ni a escandalizarnos. Y vuelvo a la pregunta tonta: ¿nadie asumirá responsabilidades de algún tipo, civil, penal, política o etcétera? Pues probablemente no, ni en el Castor, ni en Caja Madrid, ni tarará. Lo cual me lleva a una pregunta final, con aires de retórica: ¿Esto es un Estado de derecho o un Estado de deshecho?
Artículo de Pilar Rahola en La Vanguardia | www.PilarRahola.com
