Maduro se declara insolvente y pide a Venezuela que pague su defensa en Nueva York
La defensa denuncia un bloqueo de fondos y plantea una posible vulneración del derecho a la legítima defensa.
El dirigente venezolano Nicolás Maduro comparecerá nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia clave marcada por un elemento central: su equipo legal sostiene que no dispone de dinero para pagar a sus abogados y solicita que sea el Gobierno de Venezuela quien asuma los costes de su defensa.
El caso se ve condicionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, que han provocado el bloqueo de fondos vinculados al régimen venezolano, impidiendo su uso para cubrir gastos legales. Según la defensa, esta situación supone una limitación directa del derecho a la defensa.
La defensa apunta a la OFAC
Los abogados de Nicolás Maduro, entre ellos Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, han presentado un escrito en el que solicitan la desestimación de los cargos por motivos procesales.
En su argumentación, señalan a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como responsable de haber revocado las licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para pagar la defensa, calificando esta decisión como un “error administrativo” con consecuencias legales graves.
La defensa sostiene que esta medida interfiere en el proceso judicial y constituye una vulneración del derecho a elegir representación legal.
Venezuela quiere pagar, pero depende de Estados Unidos
El Gobierno de Venezuela ha mostrado su intención de hacerse cargo de los honorarios de los abogados, pero esta posibilidad está sujeta a la aprobación de la administración estadounidense debido al régimen de sanciones vigente.
Esto sitúa el caso en un escenario de dependencia jurídica internacional, donde la defensa de Maduro queda condicionada por decisiones administrativas externas.
Una estrategia centrada en su condición de jefe de Estado
La estrategia legal de Nicolás Maduro se basa en intentar demostrar su condición de funcionario público o jefe de Estado, lo que permitiría justificar que el Estado venezolano asuma los costes de su defensa.
En paralelo, los abogados también plantean que la situación actual supone una violación del derecho a la legítima defensa, uno de los principios fundamentales del sistema judicial.
Un proceso con fuerte carga política
El procedimiento contra Nicolás Maduro se desarrolla en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, lo que añade una dimensión política al caso.
Tras su captura en enero y su primera comparecencia, en la que se declaró no culpable, el líder venezolano afronta ahora una nueva fase en la que la batalla jurídica se centra en las garantías procesales y el acceso a recursos para su defensa.
El desarrollo de esta causa será clave para determinar si el proceso continúa hacia juicio o si prosperan las peticiones de la defensa basadas en la nulidad por vulneración de derechos fundamentales.
