Historia

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha enviado a primera hora de este lunes una carta al Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena para que proceda a dar cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática y, "a la mayor brevedad", proceda a "la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina".

La familia de José Antonio Primo de Rivera se ha adelantado al Gobierno y ha iniciado el proceso para exhumar sus restos mortales del Valle de los Caídos. Así, sus descendientes han solicitado los diferentes trámites administrativos y legales para hacerlo y evitar "una exhibición pública" y "humillaciones" por parte del Ejecutivo, según han manifestado en un comunicado.

Tras la exhumación de Francisco Franco el 24 de octubre de 2019, hay dos figuras representativas de su régimen marcadas ahora por el estigma del traslado de sus restos: el teniente general Gonzalo Queipo de Llano, célebre por sus alocuciones desde Radio Sevilla, y el comandante de aviación Joaquín García Morato. Señalados por quienes defienden que con la Ley de Memoria Histórica no pueden seguir donde están, la pandemia paralizó los movimientos que persiguen el cambio de sus sepulturas, pero el empeño siguió vivo incluso durante el confinamiento y no va a cesar tras el retorno a una aparente «normalidad» y una nueva Ley de Memoria Democrática en ciernes.

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para exhumar los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera y de Gonzalo Queipo de Llano de los lugares donde están actualmente enterrados, en el Valle de los Caídos en El Escorial y en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Las actuaciones comenzarán una vez que entre en vigor la denominada Ley de Memoria Democrática.

Más de 200 personalidades del mundo de la política, la universidad, la diplomacia o el derecho se han unido para exigir la retirada de la Ley de Memoria Democrática por «tergiversar» el pacto constitucional y sembrar de una «infamante sospecha» toda la Transición. En concreto, se rechaza de plano que la norma contemple que la investigación de los crímenes franquistas por violaciones de derechos humanos alcance hasta 1983, es decir, cinco años después de que la Constitución fuera aprobada.

Miembro (o miembra) del Partido Comunista de España desde su fundación, Dolores Ibárruri fue elegida diputada en las elecciones de febrero de 1936, las últimas celebradas durante la Segunda República. Sus ideas comunistas propiciaron que tras la guerra se exiliara en la Unión Soviética, convirtiéndose en secretaria general del PCE primero y en su presidenta después.