El Tribunal Supremo anula una condena por violencia de género: era una denuncia falsa
El Tribunal Supremo anula una condena por violencia de género y exige investigar con rigor ante denuncias falsas.
El Tribunal Supremo ha anulado una condena firme por violencia de género y ha lanzado una advertencia clara a jueces y fiscales sobre su obligación de llevar a cabo investigaciones eficaces, especialmente cuando existe el riesgo de que una causa penal se sostenga exclusivamente en un testimonio que posteriormente resulte ser falso.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Hernández, se aparta del criterio de la Fiscalía y aprovecha el caso para recordar las “cualificadas obligaciones de investigación eficaz” que incumben a los operadores jurídicos en los delitos cometidos en contextos de violencia doméstica y de género.
No basta con el testimonio si no se investiga adecuadamente
El Alto Tribunal subraya que el estándar exigible de investigación en la fase previa de un procedimiento penal debe evitar que la acción penal o una eventual condena se apoyen únicamente en el testimonio de quien afirma ser víctima, sin contrastes suficientes ni diligencias probatorias adicionales.
En palabras del Supremo, una investigación deficiente puede derivar en condenas injustas y vulnerar derechos fundamentales, algo incompatible con un Estado de Derecho, incluso —y especialmente— en ámbitos tan sensibles como la violencia de género.
Aplicación del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
En el caso concreto, el Supremo ha aplicado el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite revisar sentencias firmes cuando estas se han basado en pruebas o testimonios que posteriormente han sido declarados falsos.
Las manifestaciones de la denunciante, que habían servido como base principal de la condena, fueron declaradas falsas en febrero de 2024, y la mujer fue condenada posteriormente por falso testimonio. Este hecho ha sido determinante para que el Alto Tribunal acordara la anulación de la condena inicial.
Un recordatorio sin cuestionar la protección a las víctimas reales
El Supremo deja claro que esta doctrina no cuestiona la necesidad de proteger a las víctimas reales de violencia de género, sino que refuerza la exigencia de rigor judicial para evitar errores irreparables. La sentencia insiste en que la protección de las víctimas debe ir acompañada de investigaciones sólidas, imparciales y completas.
La resolución se presenta así como un aviso institucional frente a automatismos procesales y como un recordatorio de que la lucha contra la violencia de género no puede justificar la relajación de las garantías penales.
Un fallo con impacto jurídico y social
El fallo ha reavivado el debate sobre las denuncias falsas, un fenómeno estadísticamente minoritario pero con un alto impacto personal y judicial cuando se produce. Sin generalizaciones ni discursos políticos, el Supremo opta por una vía estrictamente jurídica: exigir pruebas, investigar bien y no condenar sin base sólida.
La sentencia sienta un precedente relevante al reforzar el principio de que la presunción de inocencia y la investigación eficaz no son incompatibles con la protección de las víctimas, sino pilares indispensables de la justicia penal.
Un informe confidencial revela que, el 80% de las denuncias por violencia de género, son falsas
