El Gobierno gastó 81,6 millones de euros para buscar trabajo a 697 prostitutas
El Gobierno se gastó unos 81,6 millones de euros entre 2022 y 2023 para que un total de 697 mujeres vinculadas a la prostitución encontrasen empleo, lo que supone un coste de unos 117.073 euros por trabajadora sexual, según los datos facilitados por el Ministerio de Igualdad.
Los resultados corresponden al denominado Plan Camino, aprobado en 2022 por el Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero. El programa, dotado con 204 millones de euros para el periodo 2022-2026 (unos 40,8 millones anuales), tiene como objetivo ofrecer alternativas laborales, habitacionales y sociales a trabajadoras sexuales, víctimas de trata y víctimas de explotación sexual.
Según los datos del Ministerio de Ana Redondo, en 2022 participaron en procesos de inserción laboral 1.535 mujeres y 270 encontraron trabajo durante la ejecución del programa. En 2023, otras 1.933 recibieron orientación laboral y 427 firmaron un contrato de trabajo. Sumando ambos ejercicios, 697 mujeres consiguieron un empleo gracias a las actuaciones financias por el Estado, frente a 36.823 mujeres atendidas, lo que supone una tasa de inserción laboral del 1,9%.
Sin embargo, el Ministerio no ha informado sobre aspectos clave para evaluar la eficacia real de la iniciativa. Igualdad no detalla cuánto duraron esos empleos, qué tipo de contratos se firmaron ni cuántas mujeres continúan trabajando en la actualidad.
Igualdad detalla que en 2022 se contactó con 11.081 mujeres para recibir algún tipo de atención, de las cuales casi 3.000 recibieron "asesoramiento legal o jurídico". En la convocatoria de 2023, Igualdad afirma que fueron "informadas y atendidas" un total de 25.742 mujeres. De ellas, ocho eran menores. Sin embargo, el propio Ministerio reconoce que solo 478 mujeres lograron abandonar la prostitución ese año, es decir, menos de dos de cada cien mujeres atendidas.
Los datos también revelan que más de la mitad de las mujeres atendidas por las entidades colaboradoras eran inmigrantes ilegales y que se utilizaron los fondos del programa para ayudar a estas mujeres a obtener permisos de residencia. Según la información recopilada por las organizaciones encargadas de ejecutar las medidas, la mayoría de las beneficiarias procedían de países latinoamericanos, especialmente de Colombia.
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