Igualdad pagó 17.500 euros públicos a El Plural por artículos sobre «masculinidades tóxicas»
El Ministerio de Igualdad destinó 17.500 euros de dinero público a la publicación de una serie de contenidos sobre las denominadas «masculinidades tóxicas» en el digital El Plural, unos textos que, según los datos de tráfico conocidos, apenas alcanzaron 7.855 visitas en cinco días. La iniciativa se enmarca dentro de las campañas institucionales impulsadas por el departamento que dirige Ana Redondo y vuelve a reabrir el debate sobre el uso de fondos públicos en medios de comunicación y la eficacia real de este tipo de acciones.
La información revela que el encargo consistió en diez artículos publicados de forma consecutiva, una producción concentrada en menos de una semana y financiada con cargo a los presupuestos públicos. El bajo impacto en términos de audiencia ha provocado críticas en distintos ámbitos, al considerar que la inversión no guarda relación con la repercusión obtenida, especialmente en un contexto de creciente escrutinio sobre el gasto institucional en comunicación.
El caso pone el foco, una vez más, en las subvenciones, contratos y campañas financiadas por la Administración en favor de determinados medios, una cuestión que ha generado controversia en los últimos años y que afecta directamente al debate sobre la neutralidad, la eficiencia del gasto público y la pluralidad informativa. La diferencia entre el coste de la acción y el alcance real de los contenidos ha sido interpretada por voces críticas como un ejemplo de baja rentabilidad en la inversión en comunicación institucional.
Desde el entorno del ministerio se enmarca este tipo de colaboraciones dentro de las políticas de sensibilización y concienciación social, defendiendo que su finalidad no es exclusivamente el volumen de tráfico, sino la difusión de determinados mensajes en espacios mediáticos concretos. Sin embargo, el dato de visitas refuerza la polémica sobre los criterios de adjudicación y la medición del impacto de las campañas públicas.
Este episodio se suma al debate más amplio sobre el reparto de la publicidad institucional y los fondos públicos entre medios digitales, una cuestión que en los últimos años se ha convertido en un elemento central de la discusión política y mediática en España.
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