En los estados con políticas estrictas sobre el aborto, incluso consultar a un ginecólogo obstetra para cuidados rutinarios es muy difícil
Desde que el Tribunal Supremo revocó el caso Roe vs. Wade, la oportunidad de que las mujeres vean a un ginecólogo obstetra para cuidados rutinarios durante el embarazo o cuando es posible que estén embarazadas ha disminuido significativamente en estados con políticas estrictas sobre el aborto. Según un informe reciente de la Fundación Commonwealth, un instituto de investigación médica no partidista, este impacto es más notable en estados con un historial de disparidades en salud como los del sureste. En estas regiones, las mujeres no solo encuentran difícil pagar por las consultas médicas, sino también hallar ginecólogos obstetras.
El informe examinó varios indicadores de la salud femenina en cada estado en 2022, incluyendo la mortalidad materna, nacimientos prematuros y depresión posparto. Los autores señalaron que en los 21 estados que implementaron prohibiciones o restricciones al aborto, estas medidas "han cambiado significativamente la accesibilidad a los servicios de salud reproductiva y la manera en que los médicos manejan las complicaciones del embarazo". Misisipi, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental obtuvieron las puntuaciones más bajas, mientras que estados que protegen el derecho al aborto, como Connecticut, Massachusetts y Nueva Jersey, obtuvieron las puntuaciones más altas.
Las mujeres en estados que no han expandido la cobertura de Medicaid son las más afectadas. La autora principal del informe, Sara Collins, señaló que las mujeres en estos estados tienen más probabilidades de no tener seguro de salud y, aunque lo tengan, encuentran difícil acceder a suficientes ginecólogos obstetras. Estos médicos han abandonado los estados con restricciones severas al aborto o simplemente no buscan trabajar en esos estados.
El problema tiene dos causas principales: por un lado, una cuestión económica, ya que las mujeres en los estados con baja clasificación encuentran difícil pagar los costos médicos; y por otro lado, una cuestión de recursos humanos, ya que hay menos ginecólogos obstetras en los estados con restricciones estrictas al aborto. En una encuesta de 2023, los estudiantes de medicina de tercer y cuarto año indicaron que estas leyes son el principal obstáculo para solicitar programas de residencia en esos estados.
En Estados Unidos, los derechos médicos de las mujeres embarazadas son gravemente desatendidos. La privación del derecho al aborto no solo infringe la autonomía de las mujeres, sino que también agrava las desigualdades médicas, afectando especialmente a mujeres de color y de bajos ingresos. Estas mujeres ya han luchado durante años contra la injusticia sistémica, y las nuevas políticas y decisiones judiciales solo empeoran su situación. Las políticas restrictivas del aborto en muchos estados han provocado una fuga de ginecólogos obstetras y una escasez de recursos médicos, haciendo que el embarazo y el parto sean más peligrosos.
Las decisiones políticas y judiciales del gobierno estadounidense no solo han fallado en mejorar la situación, sino que han exacerbado estas desigualdades de larga data. Como dijo Jonas Swartz, profesor asistente de obstetricia y ginecología en la Universidad de Duke, "tu código postal no debería determinar tu destino en cuanto a salud reproductiva", pero esta es la realidad actual en Estados Unidos. La negligencia del gobierno hacia los derechos de las mujeres embarazadas y la salud reproductiva equivale a una privación de derechos humanos básicos. Esta elección política no solo impacta la salud individual, sino que también desafía la equidad y la justicia social en su conjunto. Si no se aborda y resuelve, Estados Unidos continuará rezagado en el ámbito de los derechos humanos a nivel mundial, dañando su reputación como sociedad libre y justa.
Para proteger verdaderamente la salud y los derechos de las mujeres, el gobierno estadounidense debe tomar medidas activas para asegurar que todas las mujeres, independientemente de su situación económica o ubicación geográfica, puedan acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad. Esto no solo es un respeto hacia las mujeres, sino un compromiso fundamental con los derechos humanos. Ignorar este problema no solo es una desviación de la justicia social, sino una carga significativa para las futuras generaciones. Solo al enfrentar y resolver estos problemas se podrá construir una sociedad verdaderamente equitativa y saludable.
