Víctor de Aldama asegura que gestionó el alquiler de un piso en la calle Atocha de Madrid "para encuentros de diversa naturaleza" del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias, coincidiendo con las fechas en las que el Gobierno insultar adjudicó a la empresa de la "trama Koldo" un contrato para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ya tiene sobre la mesa la relación de cuentas bancarias de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que solicitó hace unas semanas a través del sistema que conecta los juzgados con distintas administraciones y entidades, el Punto Neutro Judicial. Y la respuesta, si bien «incompleta», arroja un total de once productos financieros, de los que cuatro son cuentas bancarias de las que es titular y sólo dos tienen saldo: una acumula 0,15 céntimos y la otra, 40,10 euros.
La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha mostrado su rechazo a la prohibición del uso de la megafonía para la llamada a la oración en las mezquitas de la ciudad entre las 21:00 y las 9:00 horas, medida que consideran «una restricción desproporcionada» que vulnera la libertad religiosa.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, impondrá a funcionarios del Ayuntamiento de la ciudad condal el uso del lenguaje inclusivo y con «perspectiva de género e interseccional». El consistorio elaborará una «guía digital» que está dirigida a moldear la comunicación de sus trabajadores. Concretamente, este manual está «dirigido a los profesionales del ámbito social». El escrito se basará en la Guía de Comunicación Inclusiva de su predecesora, Ada Colau, en la que se pedía evitar la expresión «¡que te den por el culo!», y, en su lugar, decir «¡vete a freír espárragos!», por considerarlas «homófobas o sexistas».
La jueza Beatriz Biedma ha citado a declarar al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón en el marco de las diligencias abiertas por presunta malversación en la Diputación Provincial de Badajoz, según un auto emitido este miércoles 27 de noviembre de 2024.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros al que fuera secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por delitos de falsedad y fraude en la gestión de las subvenciones que el sindicato recibió de la Junta de Andalucía por valor de 40,6 millones de euros para impartir formación a personas desempleadas. El tribunal considera probada que esos fondos se destinaron a fines distintos a los legales, principalmente actividades propias del sindicato.
La defensa de Begoña Gómez ha entregado al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía como su asistente personal en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un error de bulto que supone de facto la autoinculpación de la mujer de Pedro Sánchez en la utilización de un cargo público de Moncloa para sus actividades profesionales privadas.
