La Fiscalía pide ocho años de prisión para Tito Berni por cohecho y organización criminal
El denominado «caso Mediador» se acerca a juicio con duras peticiones de pena para los principales implicados.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido públicamente como Tito Berni, al considerar que participó en una presunta trama de corrupción vinculada al denominado caso Mediador. El Ministerio Público le atribuye un delito continuado de cohecho y su integración en una supuesta organización criminal que habría operado durante varios años aprovechando contactos institucionales y políticos.
La petición de la Fiscalía supone uno de los golpes más duros para uno de los escándalos que más han erosionado la imagen del PSOE en los últimos años y que ha puesto bajo el foco las relaciones entre empresarios, intermediarios y responsables públicos.
La Fiscalía reclama hasta 13 años para el presunto mediador de la trama
Según el escrito de acusación, la pena más elevada recae sobre Marco Antonio Navarro Tacoronte, considerado el principal intermediario de la red. Para él, la Fiscalía solicita un total de 13 años de prisión por presuntos delitos de cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.
Los investigadores sostienen que la trama habría utilizado su cercanía con cargos públicos para obtener ventajas económicas y administrativas en beneficio de determinados empresarios.
Asimismo, para Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni, la acusación pública reclama 11 años de cárcel por delitos continuados de cohecho, organización criminal y estafa.
Un supuesto entramado para obtener beneficios económicos
La Fiscalía considera que los acusados actuaron «guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico», diseñando presuntamente un sistema destinado a favorecer intereses particulares a cambio de contraprestaciones.
La investigación apunta a reuniones, contactos empresariales, regalos y otras actuaciones que habrían servido para consolidar una red de influencia con acceso a determinadas administraciones públicas.
El procedimiento judicial se encuentra ahora en una fase decisiva y podría desembocar en la celebración de uno de los juicios por corrupción política más relevantes de los últimos años en España.
El PSOE vuelve a quedar bajo presión
La nueva ofensiva judicial llega en un momento especialmente delicado para el PSOE, que ya afronta otros casos que afectan a antiguos cargos y personas vinculadas al partido.
Aunque la formación socialista ha intentado marcar distancias con los investigados desde el inicio de la investigación, la magnitud de las penas solicitadas por la Fiscalía vuelve a situar el escándalo en el centro del debate político nacional.
La evolución del procedimiento y la futura apertura del juicio oral serán determinantes para conocer el alcance definitivo de unas acusaciones que podrían tener importantes consecuencias políticas y judiciales.
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