PNV y Bildu pactan reconocer la 'nacionalidad vasca'

PNV y EH Bildu han acordado este miércoles la propuesta de Título Preliminar para un nuevo Estatuto vasco que recoge la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, mientras que Elkarrekin Podemos ha presentado un voto particular, y PSE y PP han rechazado este texto.

Hace una semana también PNV y EH Bildu, que tienen mayoría -46 de 75 escaños-, aprobaron en la Ponenciaparlamentaria de 'Actualización del Autogobierno' el Preámbulo del futuro Estatuto, en el que se defiende el derecho a decidir y se aboga por una relación bilateral y confederal con el Estado, con el rechazo del resto de formaciones.

La propuesta de hoy, que desarrolla los principios contenidos en el Preámbulo, señala que la «voluntad popular» es el único límite para las decisiones políticas, incluye el derecho a decidir, la potestad de las instituciones vascas para organizar consultas y otorga identidad nacional al «sujeto político jurídico constituyente» que integran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El texto diferencia entre ciudadanía y nacionalidad al ligar la primera a la vecindad administrativa a un municipio vasco, mientras que la nacionalidad se reconocerá a los ciudadanos vascos en los términos que se regulen en una ley que apruebe el Parlamento autonómico. 

El reconocimiento de la ciudadanía y la utilización de la vecindad administrativa «como criterio de inserción de las personas a la comunidad política» posibilitará, según el documento, acceder a los servicios públicos de quienes vivan en el territorio vasco, con independencia de su procedencia o nacionalidad.

El sujeto político jurídico integrado por los tres territorios estará vinculado al Estado por una relación «singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional».

El Titulo Preliminar acordado indica que la actualización del autogobierno se fundamentará en la decisión de la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para lo que «habrá que dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante».

Así, recoge que las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar consultas y referendos para determinar sus relaciones con el Estado, con otros países, y «con otros territorios de Euskal Herria». El sujeto político jurídico integrado por los tres territorios estará vinculado al Estado por una relación «singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional», que será de «respeto mutuo y no de subordinación» y estará sustentada en el «acuerdo y en el pacto que blindará el autogobierno vasco».

Precisa que este blindaje debe articularse con la inclusión de una fórmula de resolución de conflictos competenciales. Además, sostiene que «deben eliminarse» mecanismos de suspensión unilateral de normas por parte del Estado y los dirigidos a la intervención de la autonomía, recogidos en el artículo 155 de la Constitución española.

Vitoria sería la capital política e institucional y continuaría siendo la sede del Parlamento y del Gobierno Vasco, y el euskera y el castellano permanecerían como lenguas oficiales, aunque la primera tendría el reconocimiento de «lengua propia».