El artículo 155 de la Constitución se pondrá en marcha este mismo sábado. El viernes, 27 de octubre, se celebrará un Pleno extraordinario en el Senado que votará activar las medidas propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy para restablecer el orden en Cataluña frente a una Generalitat declarada en rebeldía.
Las medidas del Gobierno de España para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña:
1. La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno. Se convocarán elecciones en un plazo máximo de seis meses, "aunque mi voluntad", ha dicho Rajoy, "es hacerlo tan pronto como se recupere la normalidad".
El presidente Mariano Rajoy no ha querido este viernes, en Bruselas y tras terminar la cumbre de jefes de Gobierno de la UE, avanzar el número, tipo, las áreas que afectará y el horizonte temporal que tendrá la activación del artículo 155 de la Constitución pero sí la filosofía de fondo pactada con el PSOE y Ciudadanos.
El Gobierno de España recibió la carta de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, a las 10.00 horas, exactamente a punto de expirar el plazo que se le había dado. A la vista de la misiva, el Ejecutivo ha constatado su negativa a atender al requerimiento que se le hizo el pasado 11 de octubre.
La sombra de una nueva convocatoria de huelga indefinida sigue planeando sobre Cataluña. Una idea que estrenó la CUP y adoptó Podemos, y que ya se materializó en la "parada de país" del pasado 3 de octubre en protesta por las cargas y la represión policial en el referéndum del 1O.
El secretario general de Podem Cataluña, Albano-Dante Fachin, ha lamentado las detenciones del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a los que ha calificado abiertamente de "presos políticos".
Las fuerzas independentistas catalanas han reforzado la campaña para intentar revertir el nulo apoyo que han conseguido hasta ahora entre los Gobiernos europeos. La estrategia pasa por generar una imagen de España como un Estado autoritario y antidemocrático. Las operaciones judiciales contra la consulta ilegal del 1-O y las cargas policiales durante aquella jornada son los agravios que el separatismo esgrime para sostener que el Estado oprime a Cataluña.
