El Gobierno pagó más de 13 millones a una ONG para trasladar a España a 42.500 inmigrantes ilegales
El Gobierno de España ha destinado más de 13 millones de euros de dinero público a una ONG para el traslado de 42.500 inmigrantes ilegales desde Canarias a distintos puntos de la Península, según datos oficiales correspondientes a contratos y convenios firmados en los últimos ejercicios.
El operativo, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha ejecutado en plena crisis migratoria en el archipiélago, mientras comunidades autónomas y ayuntamientos denuncian falta de recursos, saturación de servicios públicos y ausencia de planificación por parte del Ejecutivo.
Más de 300 euros por inmigrante trasladado
Las cifras reflejan un coste medio superior a los 300 euros por persona, destinado a cubrir desplazamientos, logística y coordinación. Los traslados se realizaron principalmente en aviones y ferris, con destino a diferentes regiones peninsulares, sin que en muchos casos existiera comunicación previa con las administraciones receptoras.
Fuentes autonómicas consultadas denuncian que estos movimientos se han producido al margen de acuerdos institucionales, generando tensiones en sistemas de acogida, sanidad y servicios sociales.
Opacidad sobre los criterios de reparto
Uno de los puntos más controvertidos del operativo es la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para decidir qué inmigrantes eran trasladados, a qué destinos y en qué condiciones administrativas.
Desde la oposición se denuncia que muchos de los inmigrantes carecían de documentación regularizada, lo que plantea dudas sobre el control efectivo del proceso y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de extranjería.
Críticas por priorizar ONG frente a las comunidades
Diversas comunidades autónomas han criticado que el Ejecutivo priorice la financiación de ONG frente al refuerzo directo de los servicios públicos que deben atender a los inmigrantes una vez llegan a la Península.
“El problema no es solo el traslado, sino quién asume después el impacto económico y social”, señalan fuentes regionales, que advierten de un efecto llamada agravado por estas políticas.
Un modelo que se repite
Este contrato millonario no es un caso aislado. En los últimos años, el Gobierno ha incrementado de forma notable las partidas destinadas a organizaciones del tercer sector para la gestión de la inmigración ilegal, mientras Canarias continúa desbordada y la presión migratoria no remite.
Desde MEDITERRÁNEO DIGITAL se ha venido informando de cómo estas decisiones no han reducido las llegadas, pero sí han generado un elevado coste económico para los contribuyentes.
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