El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno por el 'caso Begoña Gómez'
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como imputado a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid, por su supuesta implicación en el nombramiento de Cristina Álvarez, colaboradora de Begoña Gómez en La Moncloa. Martín ocupaba en ese momento el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, lo que lo situaba como superior directo de la asesora de la esposa del presidente.
La investigación, que gira en torno a la relación de Begoña Gómez con determinadas entidades públicas y privadas a través de su actividad académica y su entorno de trabajo, ha incorporado nuevos elementos que apuntan a un posible uso indebido de recursos oficiales. Uno de los ejes del caso es el papel desempeñado por Cristina Álvarez, quien fue incorporada al equipo de Presidencia en julio de 2018, poco tiempo después de que Pedro Sánchez accediera al poder tras la moción de censura.
Álvarez, que ya había trabajado previamente con Gómez y era considerada una persona de su confianza, asumió entonces funciones de asistencia personal, incluyendo la organización de su agenda. Por ese cargo, percibe un salario que supera los 52.000 euros brutos anuales. En el momento de su contratación, Félix Bolaños ostentaba la secretaría general de la Presidencia, bajo cuyo paraguas se firmó la incorporación.
La asesora compareció ante el magistrado el pasado mes de febrero en calidad de investigada. Durante su declaración, en la que únicamente respondió a su defensa, rechazó haber realizado gestiones privadas en beneficio de su jefa antes de que se pusiera en marcha la cátedra de la Universidad Complutense en octubre de 2020. Sin embargo, correos electrónicos a los que ha tenido acceso la Guardia Civil contradicen esa versión.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha recopilado numerosos mensajes electrónicos en los que Álvarez contacta directamente con responsables de la Complutense en nombre de Begoña Gómez, gestiona contratos, remite formularios internos de la universidad e incluso insiste a patrocinadores como Reale Seguros para que mantengan su aportación económica a la cátedra, que ascendía a 15.000 euros anuales, hasta alcanzar los 60.000 en total por los cuatro años previstos.
En uno de estos correos, fechado el 8 de febrero del año pasado, la asesora se dirigió a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale, usando su dirección de correo personal. No obstante, los agentes han comprobado que en conversaciones previas utilizó su cuenta institucional de Moncloa, lo que refuerza la tesis de una posible utilización de recursos públicos para actividades de interés privado.
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