Cuatro activistas estuvieron cobrando un sueldo público navegando en la Flotilla
Durante más de un mes, cuatro representantes públicos de partidos de izquierda y separatistas permanecieron a bordo de la llamada Global Sumud Flotilla, percibiendo íntegros sus sueldos públicos sin acudir a sus puestos de trabajo.
Según los datos revelados por ABC, los políticos Pilar Castillejo (CUP), Jordi Coronas (ERC), Juan Bordera (Compromís) y Lucía Muñoz (Podemos) se embolsaron entre todos 12.569 euros mientras participaban en la travesía activista rumbo a Gaza, organizada en apoyo a la causa palestina y vinculada a organizaciones próximas a Hamás.
Un mes entero sin trabajar… pero cobrando
Los cuatro pasaron más de treinta días fuera de sus instituciones sin solicitar excedencia ni renunciar a sus retribuciones. Pese a haber disfrutado ya de sus vacaciones estivales, siguieron percibiendo sus nóminas con normalidad.
La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, fue la que más dinero recibió: 4.128 euros netos. La parlamentaria regresó recientemente al Parlament de Cataluña, donde fue recibida con honores por Josep Rull y varios miembros de la Mesa. Durante su ausencia, no realizó ninguna de sus funciones institucionales.
El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, cobró 2.897 euros, y justificó el cobro íntegro asegurando que lo consideraba “normal”. En declaraciones a RAC1, el edil independentista afirmó que “en ningún momento se planteó pedir una excedencia”.
También Lucía Muñoz, diputada autonómica de Podemos en Baleares, percibió 2.844 euros por un trabajo que no desempeñó. Parte de esa cantidad, según fuentes del partido, la destinó a pagar la multa de 2.650 euros impuesta por las autoridades israelíes a su compañera Reyes Rigo, detenida tras morder a una agente.
El cuarto participante, Juan Bordera (Compromís), diputado en las Cortes Valencianas, tampoco renunció a su salario. Durante su estancia en la flotilla ingresó 2.700 euros procedentes del erario público valenciano.
El rescate de los activistas costó más de 160.000 euros
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, asumió el coste total de la repatriación de los activistas españoles.
Primero se pagaron billetes comerciales para los primeros detenidos —entre ellos Castillejo, Coronas y la exalcaldesa Ada Colau—, y posteriormente se fletó un avión militar del Ejército del Aire desde Atenas para traer al resto.
El despliegue del A400M del Ejército, que consumió más de 24.000 litros de combustible, supuso un gasto estimado de 150.000 euros, a los que se sumaron 8.000 euros adicionales por los vuelos comerciales.
En total, el rescate de los activistas españoles costó más de 160.000 euros al contribuyente.
🇪🇸 España, el único país que no exigirá reembolso
A diferencia de Portugal, Suiza o Sudáfrica, que sí han reclamado a sus repatriados la devolución de los gastos del viaje, España ha decidido no pedir el reembolso.
El Gobierno de Pedro Sánchez considera la operación “un deber humanitario”, pese a que la flotilla había sido advertida por Israel y por la propia Unión Europea de que se trataba de una travesía “de alto riesgo y sin justificación humanitaria”.
Mientras tanto, los contribuyentes españoles asumen tanto los sueldos públicos cobrados sin trabajar como el coste del rescate de quienes decidieron embarcarse en una aventura política en nombre de la “solidaridad internacional”.
Cuatro activistas, cuatro sueldos públicos, un mes sin trabajar y una factura de 160.000 euros. Otra historia made in España.
El Gobierno paga con dinero público los billetes de avión de todos los activistas de la Flotilla
