La Policía registra el CNIO por un presunto desvío de 25 millones de euros en la lucha contra el cáncer
La Policía registra el CNIO tras abrir Anticorrupción una causa por el presunto desvío de 25 millones destinados a la lucha contra el cáncer.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias tras una denuncia interna por un presunto desvío millonario de fondos públicos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lo que ha provocado este lunes un registro policial en la sede central de la institución, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Agentes de la Policía Nacional se han personado a primera hora de la mañana en las instalaciones del centro, donde han procedido a la incautación de varios ordenadores, así como a la revisión de documentación administrativa y contractual, según ha adelantado El Mundo.
Una denuncia interna que apunta a una trama de ex altos cargos
La actuación policial se produce tras la denuncia presentada por el director de Operaciones del CNIO hasta septiembre pasado, respaldada también por la directora de Cumplimiento Normativo de la institución. Ambos sostienen que una presunta trama delictiva integrada por ex altos cargos habría detraído hasta 25 millones de euros en un periodo de 18 años, mediante el amaño sistemático de contratos públicos.
Según la denuncia, el eje central de la supuesta trama sería el exgerente del CNIO durante 23 años, Juan Arroyo, aunque conviene subrayar que no existe, por el momento, imputación formal ni condena judicial alguna, y que rige plenamente la presunción de inocencia.
Fondos destinados a la investigación contra el cáncer
De confirmarse los hechos investigados, el caso tendría una especial gravedad social y política, al afectar presuntamente a fondos públicos destinados a la investigación oncológica, uno de los pilares del sistema científico y sanitario español.
Las diligencias abiertas por Anticorrupción tratan ahora de determinar si existió un desvío continuado de recursos, cómo se articularon los contratos bajo sospecha y qué responsabilidades penales o administrativas podrían derivarse.
Silencio institucional y máxima prudencia
Hasta el momento, ni el CNIO ni el Ministerio de Ciencia han emitido un comunicado oficial detallando el alcance del registro o las actuaciones judiciales en curso. Desde el entorno institucional se insiste en la colaboración con la Justicia y en la necesidad de dejar avanzar la investigación.
Fuentes jurídicas recuerdan que la apertura de diligencias no implica culpabilidad, pero sí evidencia la suficiente entidad de los indicios como para justificar una actuación policial de esta envergadura.
Un caso de enorme impacto político
La investigación se produce en un momento especialmente sensible para el Gobierno y para el PSOE, ya salpicados por otros escándalos recientes relacionados con la gestión de fondos públicos. El posible uso irregular de recursos destinados a la lucha contra el cáncer incrementa la presión política y mediática sobre el Ejecutivo.
