Denuncian a España ante la ONU por impedir la entrada de 104 inmigrantes ilegales en Ceuta
Cerca de 1.100 inmigrantes del África subsahariana intentaron entrar en España este 1 de enero a través del perímetro fronterizo de Ceuta, 500 de ellos llegaron hasta las inmediaciones de la valla y 106 se encaramaron a la alambrada coronada de cuchillas, aunque ninguno logró saltar a territorio nacional.
Tras varias horas en la cima de los seis metros de altura del vallado, las Fuerzas de Seguridad conminaron a los inmigrantes a descender e incluso usaron grúas para ello.
Ya controlados, el centenar de jóvenes fue atendido por Cruz Roja, dos de ellos trasladados al hospital y el resto, 104, inmediatamente «rechazado» hacia Marruecos, según admitió ayer el Gobierno español, algo que colectivos humanitarios y juristas califican de «masiva devolución en caliente», medida contraria a la legalidad nacional e internacional.
Naciones Unidas, el Consejo de Europa, profesores y catedráticos de Derecho, ONG, partidos políticos y hasta el Congreso de los Diputados -que ha pedido la derogación de la llamada ley mordaza, recurrida ante el Tribunal Constitucional- han reclamado con insistencia en los últimos años el fin de las devoluciones sumarias.
«Lo de Ceuta es una devolución en caliente con todas las letras, un acto de ilegalidad producto de la ley mordaza, que jurídicamente ha creado un horror contradictorio: en un párrafo avala los rechazos en frontera y en el siguiente dice que se deben hacer respetando el derecho internacional humanitario. Es decir, como poco, identificando individualmente a las personas por si son susceptibles de refugio o asilo. Y aquí no se ha hecho nada de eso. Las devoluciones colectivas están expresamente prohibidas», asegura Carlos Arce, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y coordinador del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía (APDH-A).
También la Hermandad Obrera de Acción Católica (Hoac) -perteneciente a la Diócesis de Málaga- y Andalucía Acoge denunciaron en las redes sociales la acción policial en la valla.
Ayer, en una entrevista concedida a Europa Press, Francesca Friz-Prguda, representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aseguraba que «si los migrantes interceptados en un salto de las vallas de Ceuta o Melilla no son identificados y no se escuchan sus necesidades individuales de protección internacional, no se está produciendo un rechazo en frontera, sino una devolución en caliente. Las devoluciones automáticas son ilegales».
Incluso tras la reforma de la Ley de Extranjería, que en parte derivó en la ley mordaza, la normativa española establece que el «rechazo en frontera» debe hacerse «respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es firmante», como precisaron en un documento 79 ONG en septiembre, cuando exigieron la comparecencia en el Congreso del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La representante española de Acnur establece una regla aritmética que agrava los efectos de las devoluciones sumarias: «Considerando que el 25% de los refugiados del mundo se originan en el África subsahariana y las repetidas devoluciones automáticas en las vallas de Ceuta y de Melilla, la posibilidad de que ahí haya gente privada de su derecho a buscar asilo es muy alta».
El de este 1 de enero fue el final del tercer gran intento de subsaharianos para entrar en España por una de las dos únicas fronteras terrestres de África con la UE: Ceuta o Melilla. En las otras dos oleadas, producidas en octubre y en diciembre, lograron acceder a España unos 670 migrantes, jóvenes procedentes de varios países asolados por la guerra, la violencia cotidiana o el hambre y que hoy están en el CIE de Ceuta. Son subsaharianos que, tras meses o años de travesía, malviven en el lado marroquí del Monte Gurugú, donde, según las ONG, sufren hambre y frío, además de miedo a las fuerzas de seguridad del reino alauí.
Según el Gobierno, los jóvenes subsaharianos intentaron saltar la valla porque pensaban que la festividad de Año Nuevo relajaría la vigilancia a ambos lados de la frontera. El Ministerio del Interior habla de una acción de los inmigrantes «extremadamente violenta y organizada». Según la Delegación del Gobierno en Ceuta, los subsaharianos intentaron forzar algunas puertas de la valla «utilizando barras de hierro, cizallas y piedras de gran tamaño».
Frente a eso, Marruecos desplegó agentes de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes (FAR) y España miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil -un cuerpo de élite del Instituto Armado-, agentes de la Compañía de Ceuta, efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y un helicóptero de la Benemérita.
La nota del Gobierno asegura que los inmigrantes «han agredido y herido» a cinco guardias civiles de la GRS y a 50 agentes marroquíes, «uno de los cuales ha perdido un ojo como consecuencia del impacto de una piedra».
