La CUP ha considerado este sábado que la mejor forma de "contestar a la acción represiva del Estado" y de garantizar el 1-O "es llevar a cabo una movilización permanente" y "ocupación del espacio público" a partir de la Diada y ha advertido de que "no habrá marcha atrás" en la celebración del referéndum.
La CUP ha lanzado este viernes un anuncio en el que simulan el final del "proceso" soberanista catalán, despeñando una furgoneta por un acantilado.
Carles Puigdemont ha firmado el decreto de convocatoria de un referéndum unilateral de independencia en Cataluña. El Parlament se convirtió este histórico 6 de septiembre en una dura y larga batalla, casi siempre grotesca, en la que en vez de con armas los contendientes se batieron con artículos del reglamento, con peticiones de reconsideración y con recursos y apelaciones. Pero la mayoría independentista estaba determinada a que hoy fuera su gran día: a las 23.25 horas el presidente de la Generalitat ha convocado a los catalanes a votar si quieren romper con España el próximo 1 de octubre.
El Parlamento de Cataluña, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC, que se han retirado de una votación que han considerado ilegal, ha aprobado este 6 de septiembre la ley del referéndum, para convocar el plebiscito de autodeterminación para el 1 de octubre, en uno de los debates más tensos y maratonianos que se recuerdan en la historia de la democracia catalana.
Las hemerotecas las carga el Diablo. Corría el año 1996. El que fuera president del Govern de Catalunya y fundador de Convergència, Jordi Pujol, hoy repudiado, pero entonces principal referente del nacionalismo, el pare de la casa gran del catalanisme, concedía una extrensa entrevista al diario 'La Vanguardia', la voz oficiosa en la época de la Generalitat.
Surrealismo del delirio separatista ante la Audiencia Nacional.
En el año 2015, después de los graves atentados de París, 'La Razón' publicó un extenso reportaje en el que se indicaba que una docena de islamistas se habían unido desde España al Estado Islámico en Siria. Las Fuerzas de Seguridad del Estado les relacionaron directamente con asociaciones de inmigrantes vinculadas a ERC y Convergencia, que la Generalitat financió con 1,1 millones de euros.
