El juez imputa a Begoña Gómez por malversación de fondos públicos
El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado, ha dictado un auto en el que cita a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de "malversación de caudales o efectos públicos".
La resolución, fechada el 18 de agosto de 2025, también incluye a su asistente, Cristina Álvarez Rodríguez, quien comparecerá el 10 de septiembre. Un día después, el 11 de septiembre, será el turno de la propia Begoña Gómez.
El procedimiento deriva de la querella presentada por Vox y apoyada por asociaciones como Manos Limpias y HazteOir.org, que denunciaban malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Aunque el juzgado solo admitió a trámite el presunto delito de malversación, hasta ahora no había imputado dicho delito a Gómez. La esposa de Pedro Sánchez figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, sin embargo, Peinado quiere investigar también los indicios que apuntan a un posible uso indebido de personal y recursos públicos para actividades privadas vinculadas a la mujer de Sánchez.
La Audiencia Provincial de Madrid ya había advertido de elementos que merecían una investigación a fondo: correos electrónicos en los que la asistente de Gómez contactaba con empresas privadas para solicitar patrocinios, su papel como persona de confianza en actividades ajenas a sus funciones oficiales, y su relación con el Grupo Barrabés, beneficiario de contratos públicos.
De hecho, para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez incluye un extracto del auto de la Audiencia Provincial. "Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento", apuntaban los magistrados.
El juez Peinado subraya que todo ello podría suponer una "desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno".
"Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez", concluye Peinado en una resolución contra la que cabe recurso.
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acumula ya varias citaciones judiciales como investigada: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora.
El juez imputa a Begoña Gómez por un delito de apropiación indebida e intrusismo profesional
