El Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas: debe entregar a sus hijos al padre
Tras casi una semana de espera, el Tribunal Constitucional decidió no investigar el recurso de amparo presentado por la mujer de Maracena (Granada), Juana Rivas, contra la orden judicial que le obliga a devolver a sus dos hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones contra la madre de los niños.
La Sala de guardia del Alto Tribunal acordó no admitir a trámite el recuerdo "por extemporaneidad", según informaron fuentes jurídicas. Esto es, por considerar que se presentó fuera de plazo. Los representantes legales de Juana Rivas presentaron el recurso el pasado 10 de agosto, pidiendo la paralización de los efectos de la sentencia que obliga a esta madre a entregar a sus hijos al padre.
Es la segunda vez que la defensa de Juana intenta paralizar la orden judicial de entrega de los niños. El pasado 31 de julio, el Constitucional acordó no admitir a trámite un primer recurso de amparo presentado por los abogados al considerar que no había "concluido el proceso abierto en la vía judicial".
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Entonces, el Alto Tribunal argumentó que la demanda de amparo no cumplía con el requisito exigido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en relación a la falta de agotamiento de la vía judicial previa.
El segundo recurso presentado solicitaba al Alto Tribunal que ordenase, de manera urgente y como medida cautelar, el no cumplimiento de la sentencia.
Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Granada, el pasado diciembre, como la Audiencia Provincial, en abril de 2017, han emitido sentencias que obligan a la restitución "inmediata" de los dos niños, de 11 y tres años, a su padre.
Además, Rivas está en busca y captura desde el 8 de agosto, tras la orden del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por la vía penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores. Por este último podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta 10 años.
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