No suele gustarme que me digan lo que tengo que hacer y mucho menos lo que tengo que votar. Cuando la maquinaria electoral se pone en marcha, de forma simultánea, lo hacen los medios de comunicación, se ponen también a trabajar a favor de obra y de aquellos a los que sirven. Dejan de ser medios independientes, si es que alguna vez lo fueron, y se convierten en los órganos de expresión de las organizaciones políticas. Esta ocasión, tampoco iba a ser una excepción a lo que de forma continuada se lleva produciendo durante los últimos 30 años.
A Ana Julia Quezada no se la odia por ser mujer, negra o inmigrante. A Ana Julia Quezada se la odia por ser una asesina de niños, concretamente del pequeño Gabriel de ocho años. Su raza, sexo o nacionalidad, nada tienen que ver con la repulsión y el asco que produce. Se la odia por su sangre fría y la maldad que demostró, en los doce días de búsqueda del menor, y también por las dudas que existen respecto a la muerte de su propia hija de cuatro años, al tirarse por una ventana cuyo cierre era complejo como para que una niña tan pequeña pudiera abrirla. Escucho tonterías e imbecilidades que intentan justificar lo injustificable, que tratan de culpabilizar a los medios del trato que se le está dando a este caso.
No hace mucho, el Presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra, se paseó por la capital de España, por la capital del país que le mantiene, para amenazarnos a todos, en caso de que la sentencia del Tribunal Supremo que juzga el amago de referéndum del 1 de octubre, sea condenatoria. La amenaza consistió en el anuncio de la comisión de un delito, en tomar las calles y volver a repetir todo aquello por lo que ahora están siendo juzgados.
Las amenazas son una cosa muy seria que no deben tomarse a la ligera. Los distintos gobiernos de España, han sido los máximos responsables de haber llegado hasta aquí, de haber consentido y tolerado la corrupción generalizada en Cataluña, del ladronicio continuado de la familia Pujol, de un estado autonómico, que tiene como finalidad ultima la creación de una federación de mini estados que conformen España. El problema de esta país, que se da ahora en Cataluña, en menos de veinte años, lo tendremos en Galicia, Andalucía o Valencia. El propio estado español, asiste como testigo mudo, como espectador privilegiado a su auto destrucción.
El régimen autonómico surgido de la Constitución del 78, ponía el reloj en marcha de la desaparición de España tal y como la conocemos. Llama poderosamente la atención, como seguimos no queriendo ver el problema, como seguimos hablando de temas que en el fondo son secundarios, ante la gravedad de estar en peligro nuestra propia existencia. No queremos tomar las medidas correctoras necesarias para poner fin a la amenaza secesionista, muy por el contrario, nos reímos de las amenazas y permitimos que la soberanía nacional sea puesta en duda de forma continua por los aldeanos periféricos que son los separatistas. Quim Torra, con sus palabras, ha declarado la guerra a España y como tal, se debe actuar. No podemos consentir que la máxima autoridad del estado español en Cataluña, ponga en jaque la unidad de España, anuncie que no respeta las decisiones judiciales y que piensa delinquir, en caso de que alguna sentencia no le guste. La palabras de Torra, son lo suficientemente graves como para que este sea destituido de forma fulminante y se suspenda la autonomía catalana cuanto antes. Solo con un golpe de autoridad claro y contundente, conseguiremos parar el nuevo golpe de estado que desde el separatismo catalán, se nos anuncia con antelación.
Todo, absolutamente todo lo que suceda a partir de este momento, referente a esta cuestión, será responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno del partido socialista. La historia parece que se repite, pero con el agravante de haberlo vivido antes. No servirá como atenuante el alegar desconocimiento sobre una situación desconocida. Quim Torra no engaña a nadie. No obedecerá resoluciones judiciales, cosa poco novedosa en la Generalidad deCataluña, y tomara las calles, poniendo a su disposición, todos los recursos que el estado español le ha dado. España tiene la obligación de defenderse, de mantener su soberanía y sobre todo y muy importante, de mantener su integridad.
España está ante sus horas más bajas, con una clase política mediocre y más preocupada en cargos y sillones, en sus intereses particulares y prebendas, que en hacer frente al desafío secesionista. Quizá es que esa misma clase política sea connivente y cooperador necesario con el independentismo, con aquellos que desean romper España. No es momento de tibiezas ni componendas, es momento de fortaleza y de dejar bien claro que esto no se toca. El modelo autonómico nos conduce de forma irremisible a nuestra desaparición. Cuanto antes sentemos las bases de su desmantelamiento, antes podremos evitar males mayores irreparables.
