El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha previsto un gasto de 50.000 euros para la realización de un estudio sobre la «violencia económica» contra las mujeres que la propia dirigente de Podemos ha utilizado para arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La líder de Más Madrid, Mónica García, considera que las mujeres tendrían que tener un permiso especial para poder faltar al trabajo cuando tengan dolores menstruales y tengan que tomar ibuprofeno para combatirlos.
Los Ministerios de Igualdad y Consumo la toman ahora contra los jugadores de videojuegos, los gamers. El departamento del Gobierno liderado por Alberto Garzón ha financiado la guía «Empantalladas, una mirada de género al consumo de los videojuegos». Se trata de 58 páginas de reproches a los amantes del sector. «Los grandes juegos multijugador siguen siendo un territorio hostil para ellas. Este problema sigue teniendo su origen en el sentimiento de clan masculino que coloniza un juego y cierra fronteras a curiosas», reprochan bajo el epígrafe «Toxicidad en las comunidades online».
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 56 años como consecuencia de la muerte de su pareja tras, al parecer, la ingesta de medicamentos laxativos que presuntamente le había proporcionado, hecho que mantuvo al hombre ingresado durante siete meses en un hospital, hasta su fallecimiento.
El Ministerio de Igualdad gastará 19,6 millones de euros de dinero público en publicidad institucional durante este 2022. La cartera que dirige Irene Montero ha triplicado su presupuesto con 5,7 millones más que el año pasado, por lo que se convierte en el segundo ministerio con más gasto en publicidad, únicamente por detrás de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El año 2021 se saldó con un total de 15 casos de filicidio en los que perecieron 17 menores y que, sin embargo, no están registrados como tales por la ausencia de una estadística que recoja este tipo de violencia de forma global.
El Parlamento de Francia aprobó definitivamente una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal. Cualquiera que practique «terapias de conversión» para cambiar la orientación sexual de una persona, incluso a petición de ésta, se arriesgará a recibir hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.
