Mundo feminista

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado un total de 725.000 euros de dinero público a varios sindicatos para «realizar estudios feministas». Así lo refleja una resolución publicada por el Ministerio de Igualdad el 7 de mayo de 2024 y revelada por el exdiputado Pablo Cambronero, mediante la cual el Instituto de las Mujeres abrió una convocatoria de subvenciones para financiar investigaciones relacionadas con el feminismo.

La Policía Nacional detuvo hace dos semanas a Lara Fernández-Noriega, exconcejal de Cultura e Igualdad de Viveiro (Lugo) y vicesecretaria local del partido, por un presunto delito de violencia doméstica tras protagonizar una agresión mutua con su marido en la madrugada del 30 de abril. La pelea estalló en El Gatopardo, el pub que ambos gestionan en la localidad, y culminó con la detención de ambos y su posterior paso a disposición judicial.

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a tres años de cárcel a una mujer de 43 años como autora de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a su hijo, cuando este tenía 8 años.

Para María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, en el caso de Dani Alves no existe la «presunción de inocencia» y por delante de ello está «el testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos». La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha criticado así la absolución del ex futbolista del Barcelona dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Una persona no binaria ha interpuesto una demanda contra Ryanair por no dar la opción de definirse como género neutro a la hora de reservar un asiento, según informa el 'MailOnline'. Esta persona exige más de 4.000 libras a la aerolínea y que cambie el tratamiento en su web para reservar billetes.

Sumar, partido que forma parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, pone el foco en los trans «perseguidos» por Donald Trump. La formación de Yolanda Díaz ha presentado una iniciativa para garantizar el asilo a las personas que se consideren «víctimas de persecución política» por «razones de orientación sexual, identidad o expresión de género». La propuesta ha sido registrada en el Congreso de los Diputados.