El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha censurado a través de las redes sociales al concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, por denunciar que el autor del atentado del pasado 19 de diciembre en Berlín -que reivindicó el Estado Islámico- y que costó la vida a 12 personas era un "refugiado".
El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha recordado al PP que un eventual apoyo del PNV le exigirá variar de "actitud" y "muchos cambios", si es que "quiere llegar a acuerdos de verdad".
Después del proyecto piloto desarrollado este año en la central nuclear de Trillo, en 2017 llegará a Cataluña la primera unidad especial de respuesta de la Guardia Civil con 70 agentes,- 35 por turno-, instalados de forma permanente en un cuartel construido específicamente para ellos en el interior de los recintos de seguridad de Vandellòs II o Ascó. La decisión final sobre el emplazamiento no se ha tomado, aunque el despliegue en todas las nucleares españolas finalizará en 2018.
La misma Consejería de Familia que, en contra del criterio de la Fiscalía y la Inspección Educativa, multó al Colegio Juan Pablo II por opinar de manera discrepante con las leyes LGTB, organiza cursos de "homobitransfobia" para personal sanitario, con dinero público.
Las tradiciones navideñas fueron uno de los temas estrella en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Tras la espontánea protesta ciudadana, que ha llenado de belenes la Puerta de Alcalá como respuesta a la política laicista de Manuela Carmena, la portavoz municipal, la podemita Rita Maestre, dijo que nunca se había instalado allí un portal, algo en lo que fue rápidamente desmentido por las hemerotecas.
La cumbre del referéndum, celebrada el viernes en el Parlament, y que lejos de aunar fuerzas sirvió para evidenciar la división del frente soberanista, contó con la asistencia de Carles Sastre, ex terrorista de Terra Lliure, y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 30 años como autor del asesinato de José María Bultó, que falleció en mayo de 1977 en su domicilio de Barcelona. Su presencia en la cita fue en representación del sindicato de izquierda independentista Intersindical-CSC, donde ejerce de secretario general.
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres ha condenado a dos años de prisión y a otros 12 de inhabilitación para empleo y cargo público a la presidenta de un tribunal de oposiciones de Secundaria en Extremadura en 2010 por destruir exámenes e impedir que un aspirante obtuviera la plaza.
