España

Tarde de pánico en Puente de Vallecas. Un individuo de rasgos árabes fue neutralizado después de atacar con un cuchillo a varios viandantes en la calle Carlos Martín Álvarez, dejando tres heridos de diversa consideración antes de atrincherarse en su domicilio.

"El Estado soy yo". Ni el Rey Sol se hubiera atrevido a tanto.

España sigue haciendo historia en administración creativa de justicia. Apenas un día después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, el Gobierno de Pedro Sánchez ya baraja el siguiente movimiento: indultarlo. Pero no inmediatamente… solo lo justo para que quede elegante. La idea es esperar a que se lea la sentencia completa y así revestir el perdón con solemnidad institucional. Todo muy fino.

La justicia ha hablado… y con claridad. Un juzgado ha archivado la causa abierta contra José Luis Roberto, empresario valenciano y presidente de la formación política España 2000, después de que un profesor lo señalara públicamente tras sufrir una agresión. La magistrada no ha encontrado indicios que lo vinculen con los hechos ni pruebas que sostengan la acusación.

Se ha escrito una página negra en la historia de la justicia española: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. La sentencia impone una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros a la parte perjudicada. 

El Ejecutivo del Gobierno de España ha dado un paso más en su agenda de memoria democrática. Según lo anunciado por el ministro Ángel Víctor Torres, los municipios que mantengan referencias explícitas al franquismo —como menciones a Francisco Franco o su apelativo histórico “El Caudillo” — serán obligados legalmente a cambiar sus denominaciones. La norma, aprobada en la Ley de Memoria Democrática, ya contempla que esos topónimos son “elementos contrarios a la memoria democrática”. 

España vuelve a hacer historia… pero de la mala. Nuestro país se convertirá en el único de toda Europa que impondrá de forma obligatoria la baliza V-16, el dispositivo luminoso que sustituirá al triángulo de emergencia tradicional. Una medida que no tiene precedentes en la Unión Europea y que, lejos de justificarse por seguridad vial, apunta a un negocio millonario para las arcas públicas.