España

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Tras varios meses de retrasos, y debiendo ser depositado en el cajón en varias ocasiones, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Una normativa de 58 artículos que entre las novedades que recoge incluye una reforma del Código Penal, una más, para establecer una nueva regulación a los delitos de odio en la que se incluyen la aporofobia -fobia a las personas pobres o desfavorecidas- y la exclusión social dentro de estos tipos penales. La izquierda se está haciendo una Ley a su medida.

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Que a Felipe González le incomoda la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno no es ningún secreto. Siempre fue muy crítico con Podemos y lo que este partido representa. Tampoco es ningún secreto que al expresidente del Gobierno no le gusta el rumbo hacia la extrema izquierda que ha tomado el PSOE desde que Pedro Sánchez asumió la secretaría general.

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El Congreso ha aprobado por mayoría absoluta, y con la única abstención de los diputados de Vox, el Real Decreto-Ley por el que se tramita el ingreso mínimo vital (IMV). Se trata de una de las medidas que más apoyo ha suscitado no sólo en la presente legislatura sino en los últimos años, situación además que muy difícilmente se volverá a repetir en el futuro más inmediato. Al final, la paguita la votaron todos.

Censura. Esa es la palabra que más resuena en MEDITERRÁNEO DIGITAL. No es nuevo ni por casualidad, y corresponde a una metástasis que comenzó ya hace muchos meses.

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La avalancha de denuncias y querellas que los juzgados han venido recibiendo al hilo de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de las administraciones públicas ha traspasado ya las fronteras y ha llegado ante la Corte Penal Internacional, donde se ha registrado una denuncia por un delito de lesa humanidad contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de parte de la Asociación Española de Afectados y Víctimas del Covid-19.

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley que regulará la “nueva normalidad”, la ley que regirá una vez que se levante el Estado de alarma a partir del próximo 21 de junio. Una suerte de “plan b”, que el Gobierno aseguró en su día no tener y que regirá ahora y mientras siga vigente la emergencia sanitaria, con sanciones por desobediencia, pero sin posibilidad de limitar la libertad de movimientos.