La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin y contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la comisionada rusa para los derechos de los niños, acusados ambos de ser responsables de crímenes de guerra. En concreto se les reprocha la deportación ilegal de personas, muchos de ellos niños, desde las zonas ocupadas de Ucrania a territorio ruso. Aunque Rusia no reconoce la jurisdicción de este tribunal, el hecho de que se dicte una orden de detención contra un jefe de Estado en ejercicio representa en si mismo un mensaje político excepcionalmente grave para Putin, ya que le impide en los hechos salir del territorio ruso y eventualmente tendría dificultades para encontrar un país donde asilarse en caso de que tuviera que hacerlo.