El gran jurado que investiga el pago por Donald Trump de 130.000 dólares (119.000 euros) a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en octubre de 2016 para que negara que ambos habían mantenido relaciones sexuales ha decidido imputar al ex presidente. Así lo confirmaron la Fiscalía de Manhattan y los abogados de Trump. Por el momento, se ignoran los cargos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años y tres meses de cárcel a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, por integrar una trama con policías para obtener datos reservados, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno.
Fernando Villén, en director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha pedido a la Audiencia de Sevilla que anule el juicio previsto para el 18 de mayo por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública que dirigía. La representación de Villén ha solicitado dejar sin efecto las fechas previstas, que contemplan sesiones hasta el viernes 26 de mayo, previo a las elecciones municipales del 28 de mayo; y fijar un nuevo señalamiento para fechas ya ajenas al periodo electoral.
La ley de Familias ha llegado al Consejo de Ministros donde ha sido definitivamente aprobada. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, carece del respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces avisa de que extiende las prestaciones y medidas familiares a supuestos que «no lo son», en alusión a la veintena de tipos de familia que contempla esta nueva norma y añade que «rebasa el marco constitucional».
Fue un cese contrario a Derecho. Arbitrario. Ilegal. El Tribunal Supremo ha estimado este martes el recurso de casación interpuesto por el coronel Diego Pérez de los Cobos contra la decisión del Ministerio del Interior de apartarlo de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tras haberse negado a informar al Gobierno de las pesquisas judiciales en torno a la manifestación celebrada el 8 de marzo de 2020 al inicio de la pandemia del Covid-19. El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska lo cesó alegando pérdida de confianza.
La ley de Bienestar Animal aprobada recientemente por el Congreso obligará a los propietarios de mascotas consideradas ilegales a autodenunciarse para que la administración proceda a incautarse de los animales. Y, tal y como ha reconocido el propio Gobierno, no hay ningún motivo científico que avale esa incautación de alguno de esos animales. Simple y llanamente es porque sí.
Casi el 60% de las detenciones que se produjeron en Cataluña en 2022, según datos de la Consejería de Interior de la Generalitat, tuvieron como objetivo personas de nacionalidad extranjera, un porcentaje que se ha venido repitiendo en los últimos años.
