El escándalo que une al PSOE con el chavismo vuelve a golpear en el corazón de La Moncloa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado mensajes y grabaciones que apuntan a pagos irregulares procedentes de Nicolás Maduro dirigidos a cuadros del PSOE a través de operaciones vinculadas al petróleo venezolano.
El eurodiputado y activista político Alvise Pérez ha llevado a los tribunales a las dirigentes de Podemos Irene Montero e Ione Belarra, a las que acusa de haber participado en los disturbios que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.
El escándalo se agrava. El Tribunal Supremo ha concluido que existen “indicios suficientes” para imputar al PSOE por financiación ilegal, en el marco de las investigaciones abiertas a raíz de la trama de contratos, comisiones y favores políticos que salpican a altos cargos del partido de Pedro Sánchez.
El empresario Víctor de Aldama, considerado pieza clave en la trama Koldo, no solo habría movido millones en comisiones ilegales. Según fuentes próximas a la investigación, Aldama guarda en el extranjero documentación y material sensible que podría comprometer seriamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
El caso Koldo sigue creciendo y amenaza con convertirse en un auténtico terremoto político. El empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los cerebros de la trama, ha señalado directamente al expresidente del GobiernoJosé Luis Rodríguez Zapatero, al que vincula con la financiación ilegal del PSOE a través del régimen chavista de Venezuela.
Pedro Sánchez da un paso más. El presidente del Gobierno califica de "genocidio" y "exterminio" a lo que está sucediendo en Gaza, sin rechazar el derecho de Israel a existir, pero no a defenderse como lo está haciendo. En una comparecencia institucional sin preguntas desde La Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha de nueve medidas que incluyen la aprobación de un real decreto que "consolide" el embargo de armas a Israel.
Nuevo escándalo que sacude al PSOE en Andalucía. Una concejal socialista de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, ha sido procesada por fraude electoral, tras ser acusada de ofrecer un puesto de funcionaria a una mujer a cambio del voto de toda su familia.
