El triunfo de la libertad: la justicia rechaza cerrar MEDITERRÁNEO DIGITAL
La Justicia rechaza cerrar MEDITERRÁNEO DIGITAL y garantiza la continuidad del medio.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha rechazado las medidas cautelares más restrictivas solicitadas contra MEDITERRÁNEO DIGITAL por la asociación de ultraizquierda És País Valencià, que incluían la intervención y el cierre total de la página web, la retirada masiva de contenidos del sitio y sumarísimas limitaciones sobre nuestras redes sociales oficiales.
El medio continuará desarrollando su actividad informativa con total normalidad y ejerciendo sus derechos constitucionales que amparan la libertad de expresión e información.
La resolución supone un resultado muy diferente al pretendido por la asociación woke dirigida por el profesor sindicalista Kilian Cuerda, que había solicitado al juzgado un amplio conjunto de restricciones contra la actividad de MEDITERRÁNEO DIGITAL.
Entre otras medidas, la acusación reclamó a la justicia la retirada provisional e inmediata de los artículos aportados al procedimiento y pretendió extenderla a cualquier otro contenido que hiciera referencia directa o indirecta a inmigrantes, mujeres y feminismo, personas judías, nazismo, personas de etnia gitana o al colectivo LGTBIQ+.
Pero la petición iba todavía más lejos.
És País Valencià solicitó expresamente al juez que decretara la «interrupción provisional y/o bloqueo de los servicios» que ofrecieran esos contenidos y que se dirigieran mandamientos a los proveedores de servicios de Internet para ejecutar las restricciones acordadas.
Estas medidas podían haber supuesto una gravísima afectación a la continuidad de MEDITERRÁNEO DIGITAL como medio de comunicación.
El juez no las ha acordado.
La resolución dictada el pasado 12 de agosto estima únicamente de forma muy limitada la petición de medidas cautelares y permite que MEDITERRÁNEO DIGITAL continúe desarrollando su actividad periodística con total normalidad.
La justicia avala la libertad de Mediterráneo Digital
El juzgado no ordena el cierre de MEDITERRÁNEO DIGITAL, no decreta el bloqueo general de su página web, no ordena la retirada indiscriminada de las informaciones publicadas ni impide al periódico continuar informando sobre inmigración, feminismo, colectivo LGTBI, población gitana, judaísmo o cualquiera de las cuestiones mencionadas por la acusación.
La medida finalmente adoptada es considerablemente más limitada. El juzgado requiere al periódico y a su director, Edgar Sánchez Agulló, para que no publiquen contenidos que puedan resultar «denigrantes, vejatorios o discriminatorios» respecto de determinados colectivos, extendiendo ese requerimiento a la página web y las redes sociales.
La propia resolución preserva expresamente y respalda el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, reconociendo plenamente a MEDITERRÁNEO DIGITAL como un medio de comunicación de ámbito nacional y actualización diaria.
Esto significa que MEDITERRÁNEO DIGITAL continuará informando con normalidad, también sobre aquellas cuestiones políticas y sociales que puedan resultar controvertidas, ejerciendo los derechos fundamentales que corresponden a cualquier medio de comunicación dentro del marco establecido por la Constitución y la legislación vigente.
La resolución tampoco declara que los contenidos investigados constituyan un delito de odio.
El juzgado realiza una valoración provisional propia de esta fase del procedimiento y reconoce que todavía quedan pendientes investigaciones y valoraciones antes de determinar la eventual relevancia penal de los artículos cuestionados.
Este extremo resulta especialmente importante porque MEDITERRÁNEO DIGITAL ha defendido desde el comienzo del procedimiento que las informaciones y opiniones incorporadas a la causa deben analizarse individualmente y dentro de su contexto periodístico, y no mediante una valoración conjunta basada exclusivamente en titulares aislados.
La propia resolución recuerda además la especial protección constitucional de la libertad de expresión y la necesidad de ponderarla cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales.
La Fiscalía solicita la inhibición
Paralelamente, la Fiscalía Provincial de Valencia ha respaldado la posición mantenida por los servicios jurídicos de MEDITERRÁNEO DIGITAL desde el principio de la causa respecto a la competencia territorial.
En su dictamen de 17 de julio, la fiscal especializada en Delitos de Odio, Susana Gisbert manifestó expresamente que «estima procedente la inhibición a Madrid» y añadió que las medidas cautelares deberían acordarse, en su caso, por el órgano judicial competente.
Por ello, la cuestión llegará ahora a la Audiencia Provincial de Valencia, después de que el propio juez haya admitido el recurso subsidiario de apelación presentado por la representación de MEDITERRÁNEO DIGITAL.
Será, por tanto, la Audiencia Provincial la que deberá pronunciarse sobre si la investigación debe permanecer en Valencia o trasladarse finalmente a los juzgados de Madrid, tesis defendida tanto por MEDITERRÁNEO DIGITAL como ahora por el Ministerio Fiscal.
Mediterráneo Digital continuará ejerciendo su labor informativa
Desde su fundación en 2010, MEDITERRÁNEO DIGITAL ha defendido el ejercicio de un periodismo libre, crítico e independiente, amparado por los derechos fundamentales a la libertad de expresión como medio de comunicación.
La resolución conocida ahora permite que el periódico continúe desarrollando su actividad sin las severísimas restricciones solicitadas por la acusación.
MEDITERRÁNEO DIGITAL no va a permitir que nada ni nadie, más allá de las líneas rojas que marcan las reglas del juego y los límites de la legislación vigente, coarten, en ninguna de sus formas, nuestra línea editorial, una postura de presión inaceptable que entendemos como un claro ejercicio de acoso y coacción a nuestro legítimo ejercicio de la libertad de expresión.
Seguiremos informando. Por mucho que les pese. El corazón de MEDITERRÁNEO DIGITAL sigue latiendo. ¡Viva la libertad!
Archivan la denuncia de los gitanos contra MEDITERRÁNEO DIGITAL por un Delito de Odio
