El sistema de control de pagos de la Generalitat que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para evitar cualquier vía de financiación del referéndum del 1-O también se extiende a las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern. Los pagos a cuenta de estas tarjetas de crédito sólo serán atendidos por las entidades financieras en la medida en que vayan acompañados de un certificado de la Intervención General.
El Gobierno ha tomado el control efectivo de los pagos de la Generalitat de Cataluña, tal y como ha acordado la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y ha anunciado el ministro de Hacienda tras el Consejo de Ministros.
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economia, Oriol Junqueras, ha remitido este jueves una carta al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el que le anuncia que no volverán a remitir el informe semanal de gastos que reclamó el ejecutivo central y que condicionó al pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Así, el Govern dejará de obedecer esa orden aprobada en Consejo de Ministros y que requería que hoy mismo, como muy tarde, se enviara el informe correspondiente a esta semana. Por su parte, desde el Gobierno ya adelantan que en el Consejo de Ministros de este viernes se aprobarán medidas adicionales en consecuencia.
El Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas y a otros 10 altos cargos y funcionarios de la Generalitat a pagar 5,1 millones de euros. Un gasto derivado de la consulta ilegal de 9 de noviembre de 2014. El 25 de septiembre los afectados tendrán que acudir a la sede del tribunal para fijar la cantidad que se les exigirá como fianza.
La Renda Garantida de Ciutadania se podrá solicitar a partir de este viernes. Esta nueva prestación social de naturaleza económica y percepción periódica pretende convertirse en la herramienta básica para asegurar ingresos mínimos para las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. Aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado julio, tras la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que apoyaron más de 120.000 personas y un acuerdo entre los impulsores de la ILP y el Govern de la Generalitat, esta prestación viene a sustituir a la renta mínima de inserción (RMI) de 426 euros mensuales.
El Ministerio de Hacienda amenaza con procesos penales a las empresas y a sus altos ejecutivos que acepten pagar impuestos de gestión estatal a la nueva agencia tributaria catalana. En un inusual comunicado del Departamento que dirige Cristóbal Montoro se recuerda que "la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente. Si se presentan ante otra Administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas". Es decir, Montoro recuerda que, según la ley, son los contribuyentes los responsables, si acatan exigencias ilegales de la nueva Hacienda catalana.
El sindicato CSIF considera que esta nueva modificación de la RPT resulta innecesaria al poder acometer estas funciones cualquiera de los 59 asesores con los que ya cuenta Presidencia.
