El Parlamento de Cataluña, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC, que se han retirado de una votación que han considerado ilegal, ha aprobado este 6 de septiembre la ley del referéndum, para convocar el plebiscito de autodeterminación para el 1 de octubre, en uno de los debates más tensos y maratonianos que se recuerdan en la historia de la democracia catalana.
La Guardia Civil está registrando este miércoles por la noche los coches y las instalaciones de los trabajadores de la imprenta tarragonense Indugraf, ubicada en un polígono industrial de la población de Costantí, donde supuestamente se está fabricando documentos que se utilizarían para la votación del referéndum del 1 de octubre.
Todo empezó cuando Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, colgaba un pantallazo en su cuenta oficial de Twitter. Una imagen donde se podía leer el bochornoso comentario que Rosa María Miras i Puigpinós había escrito en su página de Facebook.
Ha sido una mañana intensa en La Moncloa, donde el presidente y sus colaboradores, y la vicepresidenta y su equipo han seguido en directo el tumultuoso pleno que se celebra el Parlamento catalán para aprobar los proyectos de ley definitivos de la desconexión y el referéndum. La vicepresidenta primera ha comparecido a mediodía -durante la suspensión del pleno para las enmiendas- para informar de que Mariano Rajoy ha puesto en marcha la maquinaria jurídica para frenar lo que hoy se apruebe en el Parlamento catalán.
Tal y como estaba previsto, la diputada y portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel ha pedido la palabra, antes de empezar el histórico pleno en el que se aprobarán las leyes de desconexión, y ha explicado ante los diputados que solicitaban la modificación del orden del día porque "no hemos venido hasta aquí para hacer lecturas estrechas del Estatut, sino a hacer historia".
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide recusar a sus doce magistrados por "falta de imparcialidad" y reclama, con el objetivo de garantizar su derecho a defensa, que se paralice cualquier acción penal contra la Cámara o contra alguno de sus miembros por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum anunciado para el 1 de octubre.
El ex president Artur Mas, los otros tres condenados por el referéndum del 9-N y otros siete altos cargos de la Generalitat sabrán antes del 1-O la cantidad que podría reclamarles el Tribunal de Cuentas por el dinero público que gastaron en la consulta ilegal de 2014.
