En pleno debate sobre la coordinación policial contra el referéndum del 1-O, varios miembros de la Guardia Civil han partido en los últimos días y horas hacia Barcelona para reforzar el ya amplio despliegue efectuado en Cataluña.
Valencia ha vivido este 25 de septiembre una nueva concentración a favor del referéndum ilegal en Cataluña del próximo domingo 1 de octubre. Como en la anterior ocasión ante la sede de la Delegación de Gobierno, la presencia ha sido escasa. Sólo 200 personas se han reunido en la sede del Teatro Micalet de la ciudad.
Las presiones de los antitaurinos han podido finalmente con la presentación de la Cátedra de la Estudios Interdisciplinares de Tauromaquia de Castilla y León prevista para la tarde de este lunes. «Razones de seguridad» han llevado a la Fundación General de la Universidad de Salamanca (USAL) a suspender este acto, contra la que había convocada una manifestación que de momento se mantiene.
La Justicia ha ordenado el ingreso en prisión de los 14 condenados por el caso Blanquerna. Han sido castigados a penas que oscilan entre los 3 años y once meses y los 4 años y dos meses de cárcel. El Tribunal Supremo anuló parcialmente la primera sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, aplicando el agravante de un delito por 'discriminación ideológica'.
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha optado por no acudir a la primera reunión convocada por el coronel de la Guardia Civil Diego López de los Cobos tras decretarse el mando policial único para las operaciones relacionadas con el 1-O.
Los últimos sucesos de Cataluña van a calentar la vida política del País Vasco. EH Bildu se va a encargar de agitar la normalidad que, salvo en episodios aislados, se estaba viviendo en esta comunidad autónoma. La coalición abertzale ha hecho este miércoles un llamamiento a la movilización popular en todos los municipios para denunciar "el asalto de las tropas de la Guardia Civil a la Generalitat". Arnaldo Otegi ha lanzado públicamente una alerta ciudadana: las calles deben ser, ha dicho, el escenario "clave" para denunciar que el comportamiento "autoritario y antidemocrático del Estado español".
El Tribunal de Cuentas acaba de notificar a Artur Mas cuánto le reclama por el gasto de dinero público en la consulta ilegal del 9-N de 2014: 5.251.948,17 euros. Así se le ha comunicado a su representante en la vista que tiene lugar este lunes en la sede el Tribunal de Cuentas. La cantidad incluye las partidas gastadas en la consulta más los intereses generados desde entonces.
