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La inesperada evolución de la pandemia, con una quinta ola que se ceba con los jóvenes y, a este paso, con la recuperación del ocio y el turismo, está dando lugar a que los gobiernos autonómicos tomen medidas para intentar mantener la actividad para quienes no es probable que se contagien y limitarla solo a quienes aún no están desprotegidos.
Mientras se asienta la diferencia entre inmunizados y no inmunizados para identificar qué parte de la población se contagia, Galicia ha empezado a exigir PCR para entrar en bares y discotecas, Extremadura no obligará a observar el cierre perimetral a quienes estén vacunados, y la Comunitat Valenciana quiere pedir el 'pasaporte Covid' para poder acceder a eventos culturales. El sector del ocio y la cultura saluda estas medidas, mientras los expertos sanitarios y juristas advierten de que son "discriminatorias".
Todas tienen en común el intento de asegurar que la entrada en determinados locales o la participación en determinados eventos no supone un peligro de contagio, pero al permitir la entrada de unos ciudadanos y no la de otros, pueden incurrir en lo que los expertos consideran un trato desigual.
Pasaporte Covid para entrar a locales de ocio
La Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana han pedido este martes abiertamente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que regule a nivel nacional el uso del 'pasaporte Covid' de la UE para acceder a locales de ocio y otros espacios públicos. Estos tres gobiernos autonómicos han descartado de momento unirse a lo que ya ha empezado a hacer Galicia, que exige un certificado de vacunación u una PCR negativa para acceder a locales de hostelería, pero han reclamado al Gobierno un marco legal para que sea posible algo a lo que fuentes del Ministerio ven "dudas jurídicas".
La Comunitat Valenciana fue la primera en plantear en privado a Darias adaptar a España la legislación que -después de cinco días de debates en la Asamblea Nacional- acaba de aprobar Francia, en este caso, para exhortar a su elevada población antivacunas a inmunizarse.
Sin embargo, su presidente, Ximo Puig, y su consellera de Salut, Ana Barceló, han descartado este martes a tomar medidas por su cuenta, a la espera de que lo haga el Ministerio de Sanidad.
"Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", ha apuntado Puig, que ha considerado que no es ni "oportuno" ni "correcto" aplicar una medida que dejaría fuera a la parte de la población que todavía no está vacunada, no porque no quiera, sino porque todavía no le ha llegado su turno.
Este es el aspecto ético que se planteaba hace unas semanas un experto que asesora al Ministerio, acerca de si es apropiado restringir el acceso a determinados lugares a personas que no se han vacunado, no porque no hayan podido, sino porque no les ha tocado el turno. A esta teoría se han ceñido este martes la Comunitat, que no tiene previsto plantearse la posibilidad de pedir un certificado de vacunación o una PCR hasta que se alcance la inmunidad de grupo, hasta que el 70% de su población esté vacunada.
Tampoco actuarán por su cuenta Cataluña y Madrid, que también exigen al Ministerio de Sanidad reglas comunes sobre cómo proceder.
Dudas jurídicas de Sanidad
De momento, la 'autoridad nacional', es decir, el Ministerio de Sanidad, se resiste a autorizar el uso del 'pasaporte Covid' de la UE para ámbitos distintos a los viajes. Según apuntan en el departamento de Darias, existen dudas jurídicas para darle un uso distinto para el que se creó y recuerdan las garantías que tiene el Certificado de la UE para para proteger los datos de sus usuarios.
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